La fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien hasta hace unos días representaba a la Fiscalía General de la Nación en el proceso penal contra Nicolás Petro Burgos, anunció que interpondrá una acción de tutela y solicitará medidas cautelares tras ser relevada tanto del caso como del cargo que ocupaba en la entidad. La decisión de la funcionaria se fundamenta en una presunta vulneración de sus derechos fundamentales, al considerar que goza de fuero prepensional, una protección legal que ampara a los trabajadores que están próximos a cumplir los requisitos para acceder a la pensión. La resolución que formalizó su salida, identificada con el número 30000-03611, fue expedida el 6 de julio de 2026 por el director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo López, y contra ella no procede recurso alguno según el artículo 75 del CPACA. La tutela será presentada ante un juez constitucional en los próximos días.
El proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, se encuentra a las puertas de iniciar la etapa preparatoria del juicio, un momento procesal clave en el que la fiscal Laborde había sido la representante del ente acusador. Su relevo, sin embargo, no implicó su salida definitiva de la institución, pues la Fiscalía aclaró que la funcionaria aún permanece vinculada mientras espera la decisión judicial sobre la tutela. La entidad sostiene que la medida obedece exclusivamente al proceso de provisión de cargos por concurso de méritos, al haber ocupado ella un cargo en provisionalidad y no haber participado en el certamen. Desde la Fiscalía se enfatizó que Laborde no fue declarada insubsistente, sino que simplemente terminó su nombramiento provisional, una figura administrativa que no implica despido.
Los argumentos del fuero prepensional y el relevo
La fiscal Laborde, amparada en la Ley 790 de 2002, argumenta que su relevo vulnera sus derechos porque se encuentra cobijada por el fuero prepensional, una protección que aplica a quienes están a tres años o menos de cumplir los requisitos de edad y semanas de cotización. Según la información disponible, la funcionaria cumpliría las semanas necesarias para acceder a la pensión durante el próximo mes de febrero, lo que la sitúa dentro del período de protección. Expertos consultados sobre el caso señalaron que el fuero prepensional otorga una salvaguarda especial y que quienes lo poseen no deberían ser sometidos a concursos de méritos mientras dure esa condición, pues el objetivo de la figura es evitar que un trabajador sea desvinculado justo cuando está a punto de pensionarse.
El contexto del relevo se da en medio de movimientos previos en el proceso penal. Días antes de que se materializara su salida, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla negó una solicitud de arresto contra Nicolás Petro y su abogado, y ordenó compulsar copias contra la propia fiscal Laborde por presuntas irregularidades relacionadas con la exhibición de fotografías del hijo menor de Petro durante una diligencia que tenía carácter reservado. Este antecedente judicial añade una capa adicional de complejidad al caso, aunque la Fiscalía insiste en que la decisión de reemplazarla es un asunto administrativo derivado del concurso de méritos y no una represalia por su actuación en el proceso. Mientras la tutela es admitida y resuelta, la fiscal permanece a la espera de una definición constitucional que podría frenar los efectos de su relevo y garantizarle la estabilidad laboral hasta que complete los requisitos pensionales.
