En un duro golpe contra la corrupción en el sistema judicial, el fiscal seccional del grupo antinarcóticos Leopoldo Eduardo Montes Dávila, junto con los funcionarios de la Sijín Javier Tapias Madera y Wladimir Sanjuan Márquez, fueron capturados este jueves en la tarde en Santa Marta, Magdalena, por extorsionar la suma de 300 millones de pesos a un comerciante de repuestos de vehículos. Los tres abusaron de su cargo público para incautar irregularmente una tractomula cargada con esa mercancía, reportándola falsamente como si contuviera narcóticos, y luego exigieron el pago millonario para liberarla, en un caso de concusión y falsedad en documento público que conmociona al país.
La denuncia contra los implicados fue interpuesta el pasado 1 de febrero de 2026 ante el Tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, lo que desencadenó una investigación liderada por el Gaula Élite y el CTI Magdalena. Con órdenes de captura avaladas por un juez de control de garantías, se realizó un operativo conjunto entre el Gaula y la Dirección Nacional del CTI, que incluyó el registro y allanamiento de la oficina del fiscal Montes Dávila. Un asistente de la seccional también colaboró en la incautación irregular de la tractomula, agravando el escándalo.
Antecedentes y gravedad de los delitos
Leopoldo Eduardo Montes Dávila ya registraba anotaciones en el sistema Spoa por prevaricato, abuso de autoridad y concusión, lo que pone en evidencia un patrón de conducta irregular. Los capturados enfrentan cargos graves según el Código Penal para servidores públicos, con penas que oscilan entre 6 y 15 años de prisión más inhabilidad perpetua por concusión, de 64 a 144 meses por falsedad ideológica en documento público y de 48 a 144 meses por falsedad material, todos con agravantes por el abuso de su posición.
Próximas audiencias y repercusiones
Las audiencias de legalización de captura están programadas en las próximas horas, donde se definirá su situación jurídica. Este caso resalta la vulnerabilidad del sistema ante la corrupción interna y podría derivar en destituciones, investigaciones adicionales y un impacto significativo en la lucha antinarcóticos, al erosionar la confianza pública en las instituciones encargadas de la justicia.
