La Fiscalía General de la Nación se prepara para enfrentar en 2026 una avalancha de expedientes de alto impacto relacionados con corrupción, homicidios, extradiciones y crimen organizado, que involucran a exfuncionarios del actual Gobierno como los exministros Luis Fernando Velasco de Interior y Ricardo Bonilla de Hacienda, el exdirector administrativo de la Presidencia Carlos Ramón González prófugo en Managua, César Manrique exdirector de Función Pública, Olmedo López y Sneyder Pinilla exdirectores de la Ungrd que han colaborado con la justicia, el hijo del presidente Gustavo Petro Nicolás Petro Burgos, Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo prófugo en Portugal, implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay como el autor material un joven de 15 años sentenciado a siete años Elder José Arteaga Hernández alias Chipi y Simeón Pérez Marroquín alias El Viejo con 21 años de cárcel junto a otras ocho capturas, alias Calarcá Córdoba de las disidencias de las Farc con nexos al general Juan Miguel Huertas del Ejército y Wilmar Mejía del DNI, el excanciller Álvaro Leyva, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, el coronel Julián Ferney Rincón, Hugo Alejandro Mora exsecretario general del Mindefensa y Diego Alejandro Manrique asesor, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la empresaria Zulma Guzmán cuya extradición se tramita desde Londres.
Estos procesos abarcan investigaciones por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con un desvío superior a 612.000 millones de pesos y detención ordenada contra Aura Alexandra Rosero Baquero, lavado de activos y peculado por 111 millones de pesos en el caso de Nicolás Petro Burgos cuya medida de aseguramiento fue negada y queda pendiente de juicio, contrabando vinculado a Papá Pitufo con sobornos a policías fiscales aduaneros y funcionarios judiciales y sus primeras vinculaciones al crimen organizado hace 32 años con el cartel de Cali, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay coordinado entre Fiscalía e inteligencia militar sin determinación aún de los autores intelectuales, nexos de Calarcá Córdoba con militares reactivados por incautaciones en 2024 e inspecciones internas, el contrato de pasaportes por 559.000 millones de pesos adjudicado en irregularidades bajo Álvaro Leyva quien enfrenta destitución e inhabilidad de 10 años por la Procuraduría, contrataciones en Ecopetrol incluyendo un apartamento por 1.800 millones de pesos ligado a Ricardo Roa interrogado en diciembre de 2025, el contrato de helicópteros Mi-17 por 32 millones de dólares en el Mindefensa con adjudicación directa el 31 de diciembre de 2024 y sanción a Vertol Systems por 33.700 millones de pesos capturados el 15 de diciembre de 2025, el caso Aguas Vivas de Daniel Quintero con un predio de más de 145.000 metros cuadrados y 12 funcionarios implicados cuya audiencia se suspendió por nulidad y reanuda en febrero de 2026, además del envenenamiento con talio por Zulma Guzmán arrestada en Londres tras un rescate en el río Támesis con cargos por homicidio y tentativa.
Expedientes pendientes de extradición y audiencias clave
Los hechos se desarrollaron entre 2023 y 2025 en diversas regiones de Colombia como Ungrd e Invías en el Atlántico, Cartagena, Buenaventura, Bogotá y San Jacinto en Córdoba, así como en Medellín, mediante detenciones, imputaciones, colaboraciones con la justicia, incautaciones de dispositivos, licitaciones irregulares, sobornos y modificaciones al POT, motivados por investigaciones sobre corrupción en la administración pública, financiamiento de campañas, crimen organizado y nexos militares con contratos irregulares, con extradiciones pendientes desde Managua, Portugal y Londres que agravarán la carga fiscal en 2026 con audiencias e imputaciones concentradas ese año.
“caprichosa, tozuda y arbitraria”
Sandra Portilla, fiscal
Estos casos generaron una intensa polémica en 2025 por los delitos contra la administración pública y su impacto en la confianza institucional, posicionando a 2026 como un año decisivo para determinar responsabilidades en al menos una decena de procesos que incluyen exdirectores de la Ungrd como colaboradores, reactivación de expedientes como el de Calarcá y extradiciones pendientes, lo que pondrá a prueba la capacidad de la Fiscalía para avanzar en la justicia frente a una sobrecarga de alto perfil que podría redefinir el panorama político y judicial del país.
