La Fiscalía General de la Nación se prepara para un 2026 marcado por una sobrecarga de casos judiciales de alto impacto, que incluyen procesos por corrupción, homicidios, extradiciones y nexos con el crimen organizado, involucrando a figuras como los exministros Luis Fernando Velasco del Interior y Ricardo Bonilla de Hacienda, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, el prófugo Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo, implicados en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay como Elder José Arteaga Hernández alias Chipi y Simeón Pérez Marroquín alias El Viejo, el general Juan Miguel Huertas, Wilmer Mejía del DNI, el excanciller Álvaro Leyva, Ricardo Roa presidente de Ecopetrol, el coronel Julián Ferney Rincón, Hugo Alejandro Mora, Diego Alejandro Manrique, el exalcalde Daniel Quintero y Zulma Guzmán, entre otros exfuncionarios, empresarios y miembros de organizaciones criminales.
Estos procesos abarcan investigaciones por corrupción en entidades como la Ungrd con desvíos superiores a 612.000 millones de pesos, el caso de pasaportes con un contrato de 559.000 millones, Ecopetrol ligado a un apartamento valuado en 1.800 millones para Roa, la adjudicación directa de helicópteros Mi-17 por 32 millones de dólares que derivó en una sanción de 33.700 millones de pesos, y el proyecto Aguas Vivas con un predio de más de 145.000 metros cuadrados, además de lavado de activos como los 111 millones desviados por Nicolás Petro Burgos, contrabando, el magnicidio de Uribe Turbay con ocho capturados incluyendo un menor autor material sentenciado a siete años y otro a 21, nexos con disidencias de las Farc en Calarcá que usaban empresas de seguridad como fachadas, y envenenamiento con talio que dejó tres niñas y un adulto afectados en Bogotá en 2025 con dos menores fallecidos.
Audiencias y extradiciones pendientes
El año entrante concentrará audiencias y apelaciones clave, como la de Velasco y Bonilla en enero, y la de Aguas Vivas en febrero, con sedes en Bogotá, Cartagena, Buenaventura, Medellín, Atlántico y Córdoba, mientras extradiciones se tramitan desde Portugal para Papá Pitufo con 32 años de vinculaciones al crimen y nexos con el cartel de Cali, Londres para Zulma Guzmán arrestada tras un rescate en Támesis, y Managua para Carlos Ramón González prófugo en el caso Ungrd donde Olmedo López y Sneyder Pinilla colaboran como testigos, al igual que César Manrique cuya captura sigue pendiente; en el magnicidio persisten determinadores por esclarecer con enlaces a la Segunda Marquetalia, y Nicolás Petro enfrenta dos procesos por lavado, enriquecimiento ilícito desde 2023, tráfico de influencias y peculado.
Las detenciones, imputaciones, apelaciones e incautaciones de dispositivos han sido impulsadas por investigaciones sobre desvíos, sobornos y contratos irregulares que erosionaron la confianza institucional, con polémica en 2025 por corrupción en Ungrd e Invías, financiamiento de campañas, contrabando, el asesinato del senador y nexos militares con disidencias en Calarcá donde se reactivaron inspecciones, además del caso de helicópteros adjudicados el 31 de diciembre de 2024 a Vertol Systems y Aguas Vivas con 12 funcionarios implicados cuya audiencia fue suspendida por nulidad.
“caprichosa, tozuda y arbitraria”
Sandra Portilla, fiscal (sobre la intervención de Álvaro Leyva)
Esta avalancha de casos de alto perfil no solo sobrecargará el sistema judicial colombiano, sino que pondrá a prueba la percepción ciudadana sobre las instituciones, en un contexto donde las colaboraciones de testigos y las extradiciones pendientes definirán el rumbo de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado que han salpicado a lo más alto del poder político y económico del país.
