La Fiscalía General de la Nación formalizó la acusación contra Juan Francisco Solano Barrero, conocido con los alias de Millos o Pacho, por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer, en seis eventos específicos relacionados con el soborno a policías fiscales y aduaneros para facilitar el ingreso y salida de contrabando a través del puerto de Cartagena, en el departamento de Bolívar. La audiencia se llevó a cabo ante un juez penal del circuito especializado de Bogotá, donde se expusieron las pruebas que vinculan directamente a Solano Barrero con esta red criminal.
En total, se entregaron 348 millones de pesos a los uniformados involucrados, además de cubrir tres meses de arriendo de un apartamento para uno de los oficiales, con el propósito de evadir los controles aduaneros y permitir la circulación de cargamentos de cigarrillos, textiles y otros productos provenientes de Panamá. Estos sobornos formaban parte de una estructura criminal liderada por Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o El Viejo, de quien Solano Barrero es considerado una ficha clave. La mercancía contrabandeada se distribuía posteriormente por vía terrestre hacia ciudades colombianas, así como a Ecuador y Venezuela.
Contexto de la red de contrabando y corrupción portuaria
La investigación revela un vínculo directo entre Solano Barrero y Papá Pitufo, quien enfrenta una pedido de extradición desde Portugal, donde permanece en libertad condicional desde mediados de 2025. El puerto de Cartagena emerge como un punto neurálgico para estas operaciones ilícitas, donde la corrupción de funcionarios policiales ha permitido la evasión sistemática de impuestos y controles, afectando gravemente la economía formal y la recaudación fiscal del país. La fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó las pruebas que demuestran cómo estos mecanismos facilitaban tanto el ingreso por el puerto como la salida de los cargamentos sin inspección.
Este caso subraya la magnitud de las redes de contrabando que operan en las costas colombianas y el impacto de la corrupción en instituciones clave como la Policía Fiscal y Aduanera. La acusación contra Solano Barrero representa un avance significativo en la desarticulación de esta estructura, aunque persisten desafíos para capturar a otros líderes como Papá Pitufo y fortalecer los controles en puertos estratégicos.
