La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro exfuncionarios y contratistas de la administración del exalcalde Daniel Quintero por un presunto desvío de 3.705 millones de pesos en sobrecostos en contratos del Inder y Metroparques, destinados a actividades deportivas y recreativas financiadas con recursos del Presupuesto Participativo de Medellín entre 2020 y 2021. Los implicados son Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefe de Compras y exgerente general de Metroparques; y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cian Eventos y Logística S.A.S. Los cuatro deberán enfrentar un juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
El caso se originó en un contrato interadministrativo de mandato sin representación, identificado con el número 390 de 2020, que inicialmente tendría una duración de dos meses y medio pero se extendió a veintiséis meses y medio. La Fiscalía detectó que para la contratación se utilizó una invitación privada, se elaboraron estudios previos insuficientes y se impuso un plazo restringido de apenas un día hábil para presentar ofertas, lo que limitó la competencia. Como resultado, se registraron precios artificialmente elevados en la compra de uniformes, balones, medallas e implementos deportivos, y se subcontrataron organizaciones sociales para ejecutar las actividades, incrementando aún más los costos.
Las irregularidades del contrato
De acuerdo con la investigación, el valor final del contrato ascendió a 22.043 millones de pesos, mientras que la facturación de bienes sumó 2.942 millones. La Fiscalía calcula que el sobrecosto total alcanzó los 3.705 millones de pesos. Específicamente, a Diana Paola Toro Zuleta y Jorge Enrique Liévano Ospina se les atribuye una presunta apropiación de 1.999 millones de pesos, mientras que a María Eugenia Domínguez Castañeda se le imputa una apropiación de 3.705 millones, todos en provecho de Cian Eventos y Logística S.A.S. a través de la autorización de pagos con precios artificialmente altos. El contratista Mauricio Jaramillo Botero es señalado como coautor interviniente en el delito de peculado.
“Se presentó un sobrecosto considerable en la adquisición de bienes por parte de Mauricio Jaramillo Botero, en calidad de representante legal de la empresa mencionada, para suministrarlos a Metroparques”.
Fiscal del caso
El ente acusador detalló que los recursos provenían del Presupuesto Participativo de Medellín y fueron administrados primero por el Inder y luego trasladados a Metroparques, que finalmente contrató a Cian Eventos y Logística S.A.S. Durante la ejecución del contrato se realizaron 72 festivales deportivos, 593 eventos recreativos, 16 justas deportivas que incluyeron 257 torneos, 80 torneos barriales, 252 grupos de cuadras recreativas y 421 puntos activos. Sin embargo, la Fiscalía encontró que bienes como balones no cumplían con las especificaciones técnicas exigidas por el Inder, pero fueron aceptados por Metroparques.
La investigación recopiló 18 testimonios y un acervo probatorio de 1.800 documentos. La acusación deberá ser debatida y probada en juicio, donde los exfuncionarios se exponen a penas de hasta 33 años de prisión, mientras que el contratista podría enfrentar hasta 16 años. La audiencia de acusación formal se llevó a cabo el viernes 14 de agosto de 2025 en Medellín, y ahora la justicia deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados en este presunto desvío de recursos públicos destinados al deporte y la recreación de la comunidad.
