La Fiscalía General de la Nación radicó este jueves 29 de enero, a partir de las 8:00 de la mañana, un escrito de acusación contra Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por su presunta participación en un esquema de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La audiencia se desarrolló de manera virtual, con González participando desde Nicaragua, donde fiscal María Cristina Patiño expuso los argumentos de cargo ante la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila, mientras el abogado defensor Iván Cancino cuestionó la solidez de las pruebas presentadas y la validez de la acreditación de las víctimas.
Las imputaciones contra González incluyen los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, relacionados con el presunto desvío de fondos públicos destinados a emergencias. El expediente de acusación consta de 60 páginas y detalla pagos ilegales que superan los 60.000 millones de pesos, con montos posteriores cercanos a los 4.000 millones de pesos, según la exposición de la fiscal.
Contexto del caso y trasfondo político
González, quien fue un colaborador cercano del presidente Gustavo Petro y contaba con una oficina en la Casa de Nariño, se encuentra en Nicaragua pese a la solicitud de extradición interpuesta por Colombia. Su vinculación surge en el marco de un escándalo mayor en la Ungrd, donde se le acusa de participar en sobornos a congresistas como Iván Name y Andrés Calle para facilitar la aprobación de proyectos. Entre las víctimas acreditadas figuran la propia Ungrd, la Contraloría General de la República y comunidades indígenas wayúu de La Guajira, afectadas por el manejo irregular de recursos para emergencias.
Durante la audiencia, el abogado Cancino enfatizó las debilidades en la cadena de pruebas y cuestionó la legitimidad de las víctimas reconocidas, en un intento por desmontar la narrativa fiscal. Este caso representa un nuevo capítulo en las investigaciones de corrupción que han sacudido al gobierno actual, destacando las tensiones entre el Ejecutivo y las entidades de control en torno al manejo de fondos públicos para desastres naturales.
