La Fiscalía General de la Nación, a través de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, formuló acusación formal y llamó a juicio al exgobernador del Cesar, Francisco Fernando Ovalle Angarita, por su presunta responsabilidad en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El caso gira en torno a las millonarias irregularidades detectadas en la contratación y ejecución del parque temático La Casa en el Aire, una obra emblemática que quedó inconclusa en Valledupar luego de una inversión total que superó los 14.462 millones de pesos.
Según la investigación, los hechos se remontan al 29 de noviembre de 2018, cuando Ovalle, en calidad de gobernador, suscribió el contrato 1613 con un consorcio privado por un valor inicial de 6.398 millones de pesos. El acta de inicio se firmó apenas tres semanas después, el 20 de diciembre de ese mismo año, y ese mismo día se realizó el primer desembolso equivalente al 40 por ciento del monto pactado. Sin embargo, la Fiscalía estableció que el exmandatario habría aprobado la financiación y dado viabilidad al proyecto a pesar de contar con conceptos desfavorables y advertencias técnicas emitidas por distintas entidades nacionales, que señalaban graves deficiencias en la planeación, la viabilidad y la sostenibilidad de la iniciativa.
Sobrecostos y obra paralizada
Pese a las advertencias, el proyecto continuó su curso y sufrió múltiples suspensiones que llevaron a una adición presupuestal por 3.042 millones de pesos. Además, el Sistema General de Regalías aportó 1.285 millones de pesos para la obra, que pretendía ser un homenaje al compositor Rafael Escalona. No obstante, en agosto de 2023, la Gobernación del Cesar resolvió terminar el contrato de manera unilateral, dejando la primera fase del parque completamente inconclusa. La investigación de la Fiscalía concluyó que las falencias en la estructuración contractual no solo generaron sobrecostos y paralizaciones, sino que afectaron directamente la funcionalidad del proyecto, configurando un presunto detrimento patrimonial.
El ente acusador señaló a Ovalle como la persona determinante para gestionar los recursos y autorizar la contratación, pese a las advertencias técnicas recibidas. La acusación formal presentada ante la Corte Suprema de Justicia no implica una declaración de culpabilidad, sino el inicio de un proceso judicial en el que el exgobernador deberá enfrentar las imputaciones por su presunta responsabilidad en la suscripción y financiación de un contrato que, desde su origen, presentaba serias deficiencias de planeación.
“La investigación permitió establecer que el exgobernador habría desatendido los conceptos desfavorables de entidades técnicas nacionales para darle continuidad al proyecto, lo que derivó en una obra inconclusa con una inversión de más de 14.462 millones de pesos”, indicó la Fiscalía en el documento de acusación.
Fiscalía General de la Nación
El caso pone de nuevo en el centro del debate público los riesgos de la contratación estatal cuando se pasan por alto los requisitos técnicos y legales mínimos, especialmente en proyectos que comprometen recursos millonarios de las regalías. La Casa en el Aire, que debía ser un ícono cultural y turístico para Valledupar, se convirtió en símbolo de una gestión que, según la justicia, ignoró las alertas y dejó una obra paralizada que hoy representa un pasivo para el departamento del Cesar.
