La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo por más de 4.950 millones de pesos. La exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, quien ocupó el cargo hasta febrero de 2023, deberá enfrentar un juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, según determinó la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos investigados ocurrieron durante la administración de Urrutia, cuando el 30 de diciembre de 2022 se suscribió el convenio con la entidad Aldesarrollo para contratar el análisis de la implementación del Sistema de Validación Nacional, una herramienta tecnológica diseñada para controlar el ingreso de aficionados a los estadios de fútbol en Colombia. La Fiscalía sostiene que la exministra habría acudido directamente a la figura de convenio interadministrativo sin garantizar la pluralidad de oferentes, lo que resultó en un direccionamiento del contrato para favorecer a una particular específica.
Presuntas irregularidades en la contratación
De acuerdo con el ente acusador, Urrutia habría impuesto la condición de que Aldesarrollo subcontratara a una persona determinada para ejecutar el proyecto, con quien se habría acordado desde el inicio la realización del trabajo. Además, la investigación señala que la exministra ignoró advertencias de los equipos técnico y jurídico del Ministerio del Deporte sobre posibles ilegalidades en el proceso. Entre las irregularidades detectadas por la Fiscalía se incluyen la ausencia de estudios de mercado y la falta de procedimientos para establecer el valor total del contrato, que ascendió a más de 4.950 millones de pesos.
La formulación de acusación también abarca el delito de falsedad ideológica en documento público, por la elaboración y suscripción de los estudios previos y el acto administrativo que justificó la contratación, donde se habría incorporado información que no correspondía con la realidad. Para este tipo de contratación, la normativa establecía que se debían garantizar condiciones que permitieran la participación de varios oferentes y una evaluación transparente de propuestas, requisitos que presuntamente no se cumplieron.
Contexto y avance del proceso
El convenio estaba relacionado con el Decreto 1622 de 2022, que establecía disposiciones sobre el diseño e implementación del Sistema de Validación Nacional, aunque el Ministerio contrató específicamente el análisis de su implementación. La exministra salió del gobierno de Gustavo Petro en febrero de 2023, meses después de la suscripción del contrato. Cabe recordar que esta formulación de acusación marca el avance del proceso hacia la etapa de juicio, pero no constituye una condena ni determina responsabilidad penal de la exfuncionaria, quien mantiene su derecho a la defensa y la presunción de inocencia.
