La Fiscalía General de la Nación prepara el escrito de acusación contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), por presuntos delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos relacionados con el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La audiencia está programada para el próximo 29 de enero a las 8:00 de la mañana en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, Colombia. También están implicados Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Ungrd, y Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial, en este caso que involucró el uso de fondos públicos destinados a emergencias para entregar dádivas a congresistas a cambio de apoyos legislativos para proyectos del Ejecutivo.
Según la investigación, González Merchán habría coordinado reuniones en la Casa de Nariño, emitido instrucciones precisas a servidores públicos y utilizado recursos estatales de la Ungrd para sobornar a legisladores, con el objetivo de asegurar el trámite favorable de iniciativas del gobierno en el Congreso. Las pruebas incluyen registros de celdas telefónicas y grabaciones de cámaras de seguridad en la Casa de Nariño, que evidencian una estructura organizada con encuentros previos y órdenes detalladas para concretar las acciones ilícitas.
Reproche punitivo agravado por posición de poder
El escándalo, que ha erosionado la confianza en el manejo de recursos públicos, avanza ahora a una etapa clave con la presentación del escrito de acusación. González Merchán se encuentra en Nicaragua, donde solicitó asilo político y no muestra intención de regresar al país, mientras la Fiscalía destaca la gravedad de los hechos por la posición de influencia del implicado.
“Estas especiales condiciones conllevan un mayor reproche punitivo, como quiera que se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República (sic)”.
Fiscalía General de la Nación, escrito de acusación
“(…) sabía que desplegar éste tipo de comportamientos estaba prohibido por el Estatuto Punitivo, motivo por el cual le era exigible: (i) No OFRECERLE dádivas a los congresistas a cambio de su apoyo en el trámite de los proyectos del ejecutivo que cursaban en el órgano bicameral y, (ii) No DETERMINAR a los servidores públicos OLMEDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ y SANDRA LILIANA ORTÍZ NOVA al ORDENARLES adelantar las acciones ilícitas necesarias para conseguir recursos del Estado asignados a la UNGRD y luego entregarlos en los términos ya puntualizados (sic)”.
Fiscalía General de la Nación, escrito de acusación
“La conducta fue desarrollada SIN JUSTA CAUSA, esto es, no concurrió causal legal de justificación alguna en el despliegue de los comportamientos y puso en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y EL ORDEN ECONOMICO SOCIAL (sic)”.
Fiscalía General de la Nación, escrito de acusación
Este caso pone de manifiesto las irregularidades en el desvío de fondos de la Ungrd, originalmente destinados a atender emergencias nacionales, hacia fines políticos, lo que representa un duro golpe a la transparencia en la administración pública colombiana.
