En un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Fiscalía General de la Nación afectó 25 bienes con fines de extinción de dominio, avaluados en más de 20.000 millones de pesos, pertenecientes a seis personas vinculadas al desvío de recursos destinados a obras de mitigación y atención de emergencias. La medida, adoptada el primero de octubre de 2026, incluye la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de 19 inmuebles y seis sociedades ubicados en nueve departamentos del país.
Los afectados son Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, ambos exdirectivos de la Ungrd; Iván Leónidas Name Vásquez, expresidente del Senado; Andrés Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes; el contratista Luis Eduardo López Rosero, y Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico. Los bienes fueron identificados en ciudades como Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio, Sabana de Torres y Juan de Acosta, en un operativo que contó con la articulación del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército Nacional.
Los activos por implicado
De acuerdo con la información recopilada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Iván Name presenta cuatro activos afectados: un inmueble en Bogotá, otro en Juan de Acosta (Atlántico), uno en Villavicencio (Meta) y una propiedad en Sopó (Cundinamarca) de la que posee el 33%. Andrés Calle Aguas, por su parte, tiene cuatro inmuebles ubicados en Montería (Córdoba). Olmedo López registra un bien en Medellín, mientras que Sneyder Pinilla aparece con un predio en Sabana de Torres (Santander). Pedro Rodríguez Melo posee un lote en Tabio (Cundinamarca). El contratista Luis Eduardo López Rosero concentra la mayor cantidad de bienes: siete activos entre inmuebles y sociedades en Pasto, Chachagüí (Nariño) y Cúcuta (Norte de Santander).
Sociedades como vehículo de corrupción
Según la Fiscalía, las seis sociedades vinculadas a López Rosero habrían sido utilizadas para adjudicarse contratos en la Ungrd y para canalizar los dineros desviados. El organismo investigador ejecutó actos de investigación para identificar y verificar el patrimonio de los implicados antes de solicitar las medidas cautelares. La extinción de dominio, figura jurídica que permite al Estado apropiarse de bienes de origen ilícito sin necesidad de una condena penal previa, amplía el frente investigativo del macrocaso Ungrd más allá de los procesos penales, buscando despojar a los presuntos responsables de los activos acumulados ilícitamente.
Este nuevo golpe contra la corrupción se da en el marco de uno de los escándalos más sonados de los últimos años, que involucra a altos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno nacional y del Congreso. La Ungrd, encargada de atender emergencias y desastres naturales, habría sido utilizada para desviar millonarios recursos públicos que debían destinarse a obras de mitigación en zonas vulnerables del país. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance total del desfalco y la posible participación de otros actores.
