La Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ordenó inspecciones simultáneas en el Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Comando de Personal del Ejército Nacional, dirigido por el general Juan Miguel Huertas Herrera, e Indumil, por presuntas filtraciones de información y armamento hacia el frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Wílmer Mejía, conocido como DNI.
Estas diligencias, ejecutadas en las instalaciones de las entidades en Bogotá, el Comando de Personal del Ejército Nacional e Indumil, buscan recolectar material probatorio mediante la solicitud de soportes documentales y copias espejo de computadores y dispositivos digitales, en el marco de una investigación sobre el flujo irregular de información y armas desde instituciones estatales hacia las disidencias. Entre los elementos incautados destacan más de cien dispositivos electrónicos, relacionados con material capturado previamente el 23 de julio de 2024.
Contexto del escándalo y evidencias clave
El caso surge de un escándalo por presuntas filtraciones desde el DNI, el Ejército y otras entidades hacia el frente 36 de las disidencias de las Farc. El detonante fue la incautación de dispositivos en Anorí, Antioquia, el pasado 23 de julio, cuyo análisis reveló comunicaciones, documentos y fotografías que evidencian vínculos entre las disidencias y funcionarios estatales. Las inspecciones actuales pretenden esclarecer estas filtraciones, la trazabilidad de armas producidas por Indumil y posibles órdenes irregulares de armamento.
Entre las pruebas destacadas figura una carta fechada el 8 de febrero de 2024, que detalla una reunión en Bogotá entre representantes de las disidencias y el general Huertas Herrera, para proponer la creación de una empresa de seguridad privada conjunta con permisos especiales para porte de armas. Fuentes internas de las disidencias han confirmado la autenticidad de estas comunicaciones, según reportes preliminares.
Esta operación representa un duro golpe a la lucha contra la corrupción en entidades de seguridad y control de armamento, y podría derivar en imputaciones mayores si se confirman los nexos, en un contexto de creciente preocupación por la infiltración de grupos armados ilegales en estructuras estatales.
