La Fiscalía General de la Nación reprogramó para el 4 de septiembre de 2026 la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que se adelanta por su presunta vinculación con las masacres de El Aro y La Granja, perpetradas en Antioquia durante la década de 1990. La decisión fue tomada por la fiscal del caso, Gloria Marcela Abadía, luego de que la diligencia, que ya había sido aplazada en dos ocasiones previas, quedara supeditada a la recolección de nuevas pruebas solicitadas por la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados.
En el marco de este proceso, la Fiscalía también citó a declarar al exparamilitar Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, para el 18 de agosto de 2026. Su testimonio se tomará en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, donde actualmente se encuentra recluido. Soto ha denunciado presuntas presiones de un fiscal, identificado como Álvaro León Polo, para que señalara a Uribe a cambio de beneficios judiciales, un elemento que la defensa busca incorporar al expediente para desacreditar dichas acusaciones.
Un proceso que se remonta a tres décadas
La investigación se centra en la posible responsabilidad de Uribe, quien se desempeñaba como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, en los hechos violentos ocurridos en el municipio de Ituango y sus alrededores. La masacre de El Aro, registrada el 22 de octubre de 1997, dejó un saldo de 17 personas asesinadas, crímenes atribuidos a estructuras paramilitares que, según los testimonios recogidos, habrían contado con el apoyo de sectores políticos y económicos de la región. El expediente también incluye la masacre de La Granja y el homicidio del exparamilitar Francisco Villalba, quien había señalado directamente al expresidente como uno de los responsables de la violenta arremetida contra la población civil.
La defensa de Uribe ha solicitado copia del proceso que vincula a Juan Guillermo Monsalve con las Autodefensas Unidas de Colombia, argumentando que este individuo fue un delincuente secuestrador y no un exparamilitar, por lo que su testimonio carece de credibilidad. Asimismo, Granados pidió a la Policía Nacional los antecedentes de los agentes que hicieron parte del esquema de seguridad del entonces gobernador, con el objetivo de sustentar los desplazamientos y actividades oficiales de Uribe durante el período investigado. La estrategia judicial busca demostrar que el expresidente no tuvo relación directa con las masacres y que las acusaciones hacen parte de una campaña de desprestigio en su contra.
El expediente, que ha crecido en volumen y complejidad, incluye referencias a la hacienda Guacharacas y a homicidios por hurto de ganado atribuidos al ELN, así como investigaciones disciplinarias contra integrantes de la Policía y el Ejército destacados en Antioquia en la época de los hechos. Con la nueva fecha fijada para la indagatoria, el proceso entra en una fase que se anticipa decisiva, mientras las víctimas y sus familiares continúan a la espera de que la justicia esclarezca la verdad sobre una de las páginas más sombrías de la historia reciente del departamento.
