La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno a testigos, al concluir que no es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta. La decisión, anunciada el viernes 13 de noviembre de 2026, fue celebrada por la defensa, encabezada por los abogados Jaime Granados y Juan Felipe Amaya, quienes calificaron el proceso como una persecución que duró aproximadamente diez años. La compulsa de copias que originó la indagación se remonta a febrero de 2018, y el expediente archivado corresponde al número 110016000102202100016, donde el senador Iván Cepeda figura como denunciante.
Jaime Granados, abogado defensor de Álvaro Uribe, señaló en una publicación en la red social X que «en algunos casos a la justicia le toma casi 10 años enderezar el camino que otros le torcieron. Nunca es tarde para rectificar la persecución». En esa misma línea, Juan Felipe Amaya manifestó que el expresidente estuvo «ocho años con la infamia a cuestas». Los defensores sostienen que aún persisten otros procesos contra Uribe con origen irregular y que continuarán recurriendo a las instituciones judiciales para demostrar su inocencia. «La deuda no se ha saldado, aún se sostienen muchos procesos con hilos tejidos desde la oscuridad», agregó Granados.
Los fundamentos del archivo
La Fiscalía revisó las hipótesis sobre una supuesta entrega de dinero a los testigos Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez, y analizó un negocio inmobiliario ocurrido entre 2009 y 2011. Sin embargo, no se halló conexión con las declaraciones que presuntamente se habrían comprado en 2015. Las pruebas no acreditaron pagos por testimonios, y el ente acusador aplicó el artículo 79 de la Ley 906 de 2004 para determinar la atipicidad de la conducta. La investigación se originó a partir de declaraciones del expasaramilitar Pablo Hernán Sierra, quien había señalado presuntos pagos a exintegrantes de grupos paramilitares para que declararan a favor de Uribe y en contra del senador Iván Cepeda. La Fiscalía indicó, además, que parte de los datos conocidos por uno de los declarantes procedían de rumores escuchados en el lugar de reclusión donde coincidía con otras personas.
«No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados y, por ende, tampoco la posible actualización del verbo rector de la conducta de soborno en la actuación penal»
Fiscalía General de la Nación
Este archivo no afecta otros procesos que aún cursan contra el expresidente. El expediente cerrado es distinto del proceso principal por presunta manipulación de testigos que llegó a juicio ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, y en octubre de 2025 el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de primera instancia en ese caso, decisión que fue recurrida en casación. La Fiscalía aclaró que la determinación no impide una reapertura futura si aparecen pruebas nuevas mientras la acción penal esté vigente. Por otro lado, siguen abiertas bajo otra línea de investigación las pesquisas independientes por las masacres de La Granja y El Aro en Ituango, Antioquia, así como el asesinato de Jesús María Valle y la presunta conformación de una estructura paramilitar en la hacienda Las Guacharacas.
