La Fiscalía General de la Nación ha asignado un abogado de oficio a Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana y principal sospechosa del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, mientras ella permanece hospitalizada en un centro médico del sur de Londres bajo estricta observación y en proceso de extradición. Guzmán, quien mantuvo una relación extramatrimonial con el economista Juan De Bedout, su expareja, intentó borrar su rastro digital eliminando información de redes sociales y páginas web, y contactó al menos a dos abogados en Colombia sin revelar su ubicación real, según documentos fiscales revelados.
El crimen ocurrió en el apartamento de De Bedout en Bogotá, donde el 3 de abril de 2025 Guzmán envió frambuesas congeladas contaminadas con talio utilizando nombres y correos electrónicos falsos. Cuatro personas consumieron las frutas: dos menores fallecieron y otras dos quedaron con secuelas médicas graves. La fiscal Elsa Cristina Reyes, de la fiscalía 100 de la Unidad de Vida, lidera la investigación por homicidio agravado y tentativa de homicidio, con penas que podrían oscilar entre 40 y 50 años de prisión.
Rescate en el Támesis y vigilancia para extradición
Tras ser vinculada al caso con conocimiento previo del proceso penal, Guzmán viajó por vía terrestre desde Manchester hasta Londres, donde fue rescatada del río Támesis tras un intento de suicidio. Actualmente se encuentra bajo la Ley de Salud Mental británica y con vigilancia adicional solicitada por las autoridades colombianas a sus pares en el Reino Unido. La Fiscalía ha entregado pruebas clave y coordina diplomáticamente la extradición, ya que la sospechosa no ha contactado a un defensor particular pese a sus intentos iniciales.
Guzmán niega toda implicación y alega que se trata de un montaje, pero las evidencias acumuladas por la Fiscalía, incluyendo el envío de las frambuesas y sus acciones para evadir el rastreo, apuntan en contrario. Este caso, vinculado al envío de las frutas contaminadas a la familia de su expareja en abril de 2025, ha conmocionado a la opinión pública y resalta la gravedad de los delitos investigados, según fuentes fiscales citadas por El Tiempo.
