La Fiscalía colombiana avanza en el proceso de extradición o judicialización alternativa de tres detenidos en Venezuela por su presunta responsabilidad en la muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas, de 52 años, quien falleció tras someterse a un procedimiento estético ilegal en el sur de Bogotá. Al mismo tiempo, en Colombia ya se realizaron las imputaciones contra dos personas por el ocultamiento de pruebas. El caso, que conmocionó a la opinión pública, involucra a cinco señalados en total: tres que están privados de la libertad en el vecino país y dos que enfrentan medidas carcelarias en Cúcuta.
Los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2026, según la información aportada por las autoridades, en el establecimiento Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá. Allí, a Yulixa Toloza se le practicó una lipólisis láser que le causó la muerte. El cuerpo de la mujer fue hallado en estado de descomposición en una zona rural de Apulo, Cundinamarca, trasladado y ocultado en un vehículo Chevrolet Sonic de placas UCQ-340. El dictamen de Medicina Legal determinó que la muerte fue violenta, catalogada como homicidio, debido a una embolia pulmonar por embolismo graso, insuficiencia respiratoria aguda secundaria y anemia aguda.
Los detalles de la muerte
El abogado de la familia, Diego Felipe Gutiérrez, explicó que la causa del fatal desenlace fue el tránsito de grasas hacia los pulmones, lo que generó asfixia e imposibilidad de respirar. En la necropsia se documentaron múltiples fracturas: en los arcos costales izquierdos del 2 al 8 y en los derechos del 2 al 7. Además, el informe forense describe una disección hemorrágica en la zona abdominal anterior y en el dorso desde el cuello hasta la región glútea, producto de la succión de tejido graso. Gutiérrez señaló que las personas que intentaron reanimar a la víctima lo hicieron de manera incorrecta, manipulando el costado derecho del tórax cuando debieron hacerlo en el izquierdo, lo que agravó las lesiones.
“Porque es altamente llamativo que hubiese tenido tantas perforaciones y demás en el cuerpo para la supuesta intervención que le iban a hacer, que era algo mínimo, no tan relevante como lo que le hicieron en realidad”, afirmó el abogado. Y añadió: “Los médicos que se pusieron al servicio de nosotros nos avisaron y nos comentaron que, por ejemplo, estaba al costado derecho con fracturas en sus costillas, como si le hubiesen hecho reanimación en ese costado, y ese costado no debía haber sido manipulado, sino el costado izquierdo”.
Las opciones legales
De los tres detenidos en Venezuela, se identificó a María Fernanda Delgado Hernández como propietaria del centro estético, a Edinson José Torres Sarmiento como administrador y a Eduardo David Ramos como la persona que realizó el procedimiento. Frente a ellos, la Fiscalía colombiana estudia varias vías para que respondan ante la justicia. El abogado Gutiérrez detalló: “Ya está en trámite la solicitud de extradición, con algunas variables para poder determinar si puede haber alguna conectividad para que esas personas sean judicializadas vía plataforma virtual acá en Colombia. Y otra de las opciones es, pues, determinar si finalmente no se puede ninguna de las dos, la extradición o la judicialización, pues mirar si el Estado venezolano los judicializa por los hechos cometidos acá, bajo el amparo de las figuras internacionales”.
“Ya está en trámite la solicitud de extradición, con algunas variables para poder determinar si puede haber alguna conectividad para que esas personas sean judicializadas vía plataforma virtual acá en Colombia. Y otra de las opciones es, pues, determinar si finalmente no se puede ninguna de las dos, la extradición o la judicialización, pues mirar si el Estado venezolano los judicializa por los hechos cometidos acá, bajo el amparo de las figuras internacionales”.
Diego Felipe Gutiérrez, abogado de la familia de Yulixa Toloza
En Colombia, un juez de control de garantías en Cúcuta impuso medida de aseguramiento carcelaria a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, imputados por los delitos de favorecimiento agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, específicamente por haber ocultado el vehículo utilizado para transportar el cadáver. El abogado de la familia advirtió que, si no se logra la extradición de los tres detenidos en Venezuela, el resultado podría ser “una condena de papel” que no garantice justicia. Mientras tanto, se espera la conformación de un grupo de peritos para determinar si existió mala praxis médica en el procedimiento estético clandestino.
