La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas involucradas en una presunta red de corrupción que manipulaba procesos judiciales relacionados con lavado de activos, entre ellas cuatro funcionarios activos de la Policía Nacional, dos miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres particulares. Los detenidos incluyen al capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, así como al patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos adscritos a la Dijín de la Policía; por parte del CTI, Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y entre los particulares, Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez, exfuncionarios de la Policía Nacional y el Inpec. Las capturas se llevaron a cabo en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, como resultado de un operativo conjunto del Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía, con participación de la Seccional Bogotá y la Dirección Especializada contra la Corrupción.
Esta red exigía pagos que oscilaban entre 400 y 1.000 millones de pesos para influir en procesos judiciales, eliminar pruebas, presionar a testigos, intimidar a investigadores y obstaculizar acciones contra un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos por lavado de activos, así como contra sus familiares. Los hechos documentados ocurrieron en 2014, 2015, 2024 y 2025, con reuniones clave en Bogotá y Villavicencio en Meta, donde se coordinaban estrategias para impedir medidas cautelares de extinción de dominio, evitar capturas y manipular evidencias en instituciones infiltradas como la Policía, el CTI, la Sijin y el Inpec.
Delitos graves y evidencia recolectada
La investigación reveló evidencia de eliminación de pruebas materiales, constreñimiento a testigos e intimidación directa al investigador líder del caso, desmantelando una organización que ponía en riesgo la transparencia institucional. A los capturados se les imputarán delitos como concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario. Las víctimas principales son el mencionado ciudadano extraditado y sus familiares, quienes enfrentaban procesos por lavado de activos.
Los detenidos fueron puestos a disposición judicial para las audiencias de imputación de cargos, mientras la Fiscalía continúa recolectando pruebas y no descarta la vinculación de más personas en esta red corrupta, lo que subraya los desafíos persistentes para la integridad del sistema judicial colombiano.
