La Fiscalía General de la Nación capturó a nueve personas acusadas de formar parte de una red de corrupción que cobraba sumas millonarias, entre 400 y 1.000 millones de pesos, para manipular procesos judiciales relacionados con lavado de activos. Entre los detenidos figuran el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, así como el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo, todos de la Dijin de la Policía Nacional; Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI); y los exfuncionarios Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez, vinculados previamente a la Policía Nacional e Inpec. Las capturas se realizaron en Bogotá, Chiquinquirá en Boyacá, Pereira en Risaralda y Granada en Meta, como resultado de un operativo liderado por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía.
Los hechos investigados ocurrieron en los años 2014, 2015, 2024 y 2025, e incluyeron acciones como la manipulación de procesos judiciales, la eliminación de pruebas, la presión sobre testigos y la intimidación a investigadores. Esta red delictiva se enfocaba en obstaculizar medidas cautelares de extinción de dominio, evitar capturas y frenar acciones judiciales en contra de un ciudadano condenado en Estados Unidos por lavado de activos, así como de sus familiares. Las reuniones clave de la organización se llevaron a cabo en Bogotá y Villavicencio, en Meta, donde se coordinaban estos ilícitos que ponían en riesgo la transparencia de las instituciones.
Delitos graves y repercusiones institucionales
La investigación desmanteló una organización profundamente infiltrada en entidades como la Policía Nacional, el CTI, la antigua Sijin y el Inpec, revelando serios riesgos para la integridad del sistema judicial colombiano. A los capturados se les imputarán cargos por concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistemas informáticos, amenazas a servidores públicos y abuso de autoridad por actos arbitrarios. Actualmente, los nueve detenidos están a disposición de un juez para las audiencias de imputación, mientras la Fiscalía continúa recolectando pruebas y no descarta la vinculación de más personas en esta trama.
Este caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las fuerzas del orden y judiciales, en un contexto donde la corrupción erosiona la confianza pública. La información proviene de la Fiscalía General de la Nación y reportes periodísticos verificados.
