La Fiscalía General de la Nación citó al empresario Ricardo Leyva Páez a una diligencia de traslado del escrito de acusación por el delito de presunta violencia intrafamiliar agravada, en un proceso que avanza bajo el sistema del Procedimiento Penal Especial Abreviado establecido en la Ley 1826. La audiencia fue programada para el próximo 9 de octubre de 2026 en las instalaciones del ente acusador, y representa el primer avance significativo en una investigación que había permanecido sin mayores novedades desde que los hechos comenzaron a conocerse públicamente en diciembre de 2025. La denuncia fue interpuesta por Karen Santos, exesposa del empresario, quien asegura haber sido víctima de múltiples episodios de violencia física y psicológica durante su relación.
Este mecanismo procesal, que prescinde de la audiencia de imputación de cargos y avanza directamente al traslado del escrito de acusación, otorga a Leyva la posibilidad de definir su postura jurídica ante los señalamientos. Tras conocer el contenido de la acusación formal, el empresario podrá optar por aceptar los cargos, buscar una sentencia anticipada, explorar una conciliación o, por el contrario, avanzar a un juicio oral en el que deberá enfrentar las pruebas presentadas por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Karen Santos, quien ha decidido contar su versión de los hechos en medio de una visible fragilidad emocional, aseguró que las agresiones se habrían presentado de manera recurrente dentro de la relación. “Yo sé que a las mujeres nunca nos creen. Y si estoy mostrando esto, es porque no me queda otro camino. Esto no lo hago por valentía. O hablo o me matan”, afirmó la denunciante en una de sus intervenciones públicas. Entre las declaraciones que han causado mayor impacto, Santos describió con crudeza los episodios de violencia que asegura haber padecido: “Había tantos golpes que en momentos yo sentía que me pasaba una corriente por el cerebro”. Además, señaló que la decisión de abandonar la vivienda fue motivada por el temor a su integridad. “La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo”, agregó.
Las pruebas y el lugar de los hechos
De acuerdo con la denuncia presentada por Santos, las agresiones ocurrieron en la mansión donde actualmente reside el político Armando Benedetti, ubicada en la ciudad de Barranquilla. Como parte del material probatorio que reposa en el expediente, la denunciante aportó videos, reportes médicos, fotografías de las lesiones que habría sufrido y grabaciones de llamadas telefónicas. En uno de los videos que se han divulgado, se observa al empresario persiguiendo a Santos con un cuchillo mientras profiere amenazas de muerte. Santos aseguró que Leyva la habría obligado en varias ocasiones a justificar sus heridas como accidentes domésticos, con el fin de no afectar la reputación de la familia.
En agosto de 2025, la mujer habría abandonado la residencia donde convivía con el empresario, según su propio relato, huyendo del temor a perder la vida. A partir de ese momento, la situación escaló al plano judicial y mediático, exponiendo una serie de denuncias cruzadas entre ambas partes.
La denuncia paralela por extorsión
En paralelo a esta investigación, el empresario Ricardo Leyva Páez también ha presentado una denuncia contra su expareja, esta vez por el delito de extorsión. El caso quedó a cargo del fiscal 175 de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, quien ya expidió un oficio con medidas de protección a favor de Leyva desde el pasado 5 de diciembre. Según argumenta el empresario, Santos lo habría amenazado con divulgar un video de carácter íntimo que, según su versión, pondría en riesgo su reputación y su vida laboral.
Como resultado de esa denuncia, la Fiscalía estableció para Karen Santos una “prohibición absoluta” de contactar a Leyva o a cualquier miembro de su familia, salvo que medie una orden judicial expresa. En el documento, que fue publicado por la revista Cambio, se indicó que toda comunicación deberá ser “estrictamente necesaria” y canalizarse “preferentemente por terceras personas neutrales”. El oficio también especifica que las medidas fueron solicitadas “para el cese del riesgo, evitar afectaciones futuras en la vida, integridad y el derecho al trabajo de la mencionada víctima”. Adicionalmente, se dispuso que la Policía Nacional deberá brindar a Leyva atención prioritaria en cualquier CAI del país, e informarle sobre los protocolos de protección y las rutas de atención especializadas en casos de violencia basada en género o violencia intrafamiliar.
“Yo sé que a las mujeres nunca nos creen. Y si estoy mostrando esto, es porque no me queda otro camino. Esto no lo hago por valentía. O hablo o me matan”
Karen Santos, exesposa de Ricardo Leyva
El caso, que hasta ahora no había registrado movimientos procesales relevantes, enfrenta ahora su primera actuación pública por parte de la Fiscalía. Mientras tanto, las versiones de ambos implicados continúan dividiendo la opinión pública y el proceso judicial avanza en medio de un complejo cruce de denuncias que, por ahora, mantienen a los dos en el centro de la controversia judicial. La diligencia del 9 de octubre será, sin duda, un punto de inflexión para definir el rumbo de una historia que aún está lejos de tener un desenlace claro.
