La Fiscalía Seccional 28 de Bogotá citó a la exinterventora de Air-e, Diana María Bustamante, y al exinterventor Nelson Javier Vásquez, a una audiencia de imputación de cargos por el delito de fraude a resolución judicial, prevista para el jueves 19 de marzo en Bogotá. Este proceso judicial surge del incumplimiento reiterado de una orden emitida por el Consejo de Estado, que obligaba a entregar información clave sobre la gestión de la empresa eléctrica durante la intervención estatal a los accionistas, lo que ha generado cuestionamientos por la falta de transparencia en la administración de Air-e.
El delito imputado, tipificado en el artículo 454 del Código Penal colombiano, conlleva penas de hasta 48 meses de prisión. La negativa de los exinterventores a suministrar datos esenciales ha sido denunciada por accionistas, la Procuraduría y la Contraloría, en un contexto marcado por serias irregularidades durante la intervención. Entre estas destacan un acuerdo de pago cercano a los 200.000 millones de pesos, cuestionado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) por no efectuar pagos previos a la intervención y vinculado a la empresa de William Vélez, suscrito por Tania Peñaranda y Edwin Palma. Además, se acumularon deudas no pagadas por cerca de 2 billones de pesos desde el inicio de la intervención, excluyendo las deudas previas, y un contrato polémico suscrito por Edwin Palma como interventor, que implicó un desembolso de aproximadamente 14.000 millones de pesos antes de ser suspendido.
Irregularidades en la gestión y falta de transparencia
La firma Ernst & Young emitió una abstención de opinión sobre los estados financieros de Air-e debido a la ausencia de información suficiente, mientras que la Procuraduría advirtió sobre la falta de un plan de recuperación y las afectaciones derivadas de cinco cambios de interventor a lo largo del proceso. La SSPD también alertó contra la realización de pagos anteriores a la intervención, y se conoció un cobro propuesto por Edwin Palma de 8 pesos por kilovatio hora, lo que agrava las denuncias por opacidad. Esta audiencia representa un avance en las investigaciones por las denuncias acumuladas, destacando los problemas de gobernanza en la empresa intervenida en la región Caribe.
La programación de esta imputación subraya la presión judicial sobre los responsables de la intervención de Air-e, en medio de un panorama financiero crítico que afecta a usuarios y accionistas, y pone en evidencia la necesidad de mayor accountability en entidades públicas bajo supervisión estatal.
