La Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá decidió retirar la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en el marco de la investigación por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el parque El Golfito de Fontibón, en Bogotá. Esta medida se tomó al advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado específicamente para indagar el magnicidio, por lo que la indagación fue remitida a ese equipo de investigadores.
La decisión surge en un contexto de cuestionamientos sobre la posible falta de atención oportuna a más de 20 peticiones, que llegaron hasta 23 según abogados de Uribe Turbay, para reforzar su esquema de seguridad. Rodríguez Ballesteros ha defendido su gestión, negando cualquier omisión en las obligaciones de la UNP, en medio de una polémica que ha generado debate sobre la protección brindada al precandidato antes de su muerte.
Declaraciones del director de la UNP y comunicado oficial
En un comunicado oficial, la Fiscalía explicó que «luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores». Por su parte, el propio Rodríguez Ballesteros expresó su sorpresa al afirmar que «hemos entregado toda la información y todos los archivos, pero nunca me han llamado para referirme al tema, lo cual me parece muy curioso y no sé si de pronto hay algún interés o alguna cosa extraña que estén moviendo los técnicos».
«Desde el principio se quiso mostrar que el presidente Petro estaba detrás, o había propiciado, o había ambientado un clima de hostilidad y todas esas cosas, y que la Unidad Nacional de Protección había omitido sus funciones. Y resulta que nunca, nunca omitimos nuestras obligaciones».
Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP
Este caso evoca paralelismos con el magnicidio de Luis Carlos Galán en Soacha el 18 de agosto de 1989, donde Miguel Maza Márquez, entonces director de la DAS, fue condenado en 2016 a 30 años de prisión como coautor del homicidio agravado por ordenar cambios en los escoltas que debilitaron la protección, reemplazando agentes experimentados por otros menos capacitados, lo que facilitó el atentado. En ese precedente, una solicitud de la JEP para revisar la condena fue rechazada en 2022. La remisión de la investigación contra Rodríguez al Grupo de Tareas Especiales ha avivado la polémica por la decisión de no imputar inicialmente los cargos previstos, mientras el director de la UNP insiste en que su entidad cumplió cabalmente con sus deberes.
