La Fiscalía de Medellín ha designado un fiscal especializado para investigar las denuncias de abusos sexuales presentadas por cerca de 50 mujeres contra el urólogo Alberto Posada, ocurridas durante consultas médicas en la Clínica Las Vegas de Medellín, Antioquia. Este caso, que reactiva investigaciones con antecedentes de más de 20 años, surge tras la acumulación de testimonios que señalan presuntos abusos en el marco de atenciones profesionales.
Las primeras denuncias contra Posada datan de hace 28 años, cuando se le impuso una suspensión de seis meses por el Tribunal de Ética Médica de Antioquia, la máxima sanción posible en ese momento, aunque nunca se cumplió. Un precedente público conocido en 2008, relacionado con eventos de 2006, fue cerrado en 2011 sin mayores consecuencias, mientras que en 2017 se reportó reincidencia, con la clínica informando que el médico continuaba ejerciendo pese a la inhabilitación previa. Sorprendentemente, no se registran reportes ni denuncias contra él en el tribunal durante los últimos nueve años.
Antecedentes y vacíos institucionales
El Tribunal de Ética Médica de Antioquia tiene limitaciones en sus sanciones, restringidas a un máximo de seis meses, lo que evidencia fallas en el control sobre prácticas médicas. En 2011, Posada incluso presentó una queja contra otros médicos, la cual fue descartada, pero el proceso en su contra no avanzó. La designación del fiscal especializado ahora expone estos vacíos institucionales y reactiva el caso, poniendo en el centro del debate la supervisión en el sector salud.
«Es necesario sentar un precedente con este caso y es importante que en el sector salud se tengan estos protocolos muy bien definidos en las clínicas y se establezca porque aquí hay distintos principios constitucionales que se encuentran en tensión. Entonces, que se establezca una ruta ante hechos tan graves como una presunta violencia sexual»
Clara Cossio, presidenta del Tribunal de Ética Médica de Antioquia
Esta intervención judicial busca esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, destacando la necesidad de protocolos claros en clínicas para prevenir violencia sexual y equilibrar principios constitucionales en tensión, en un contexto donde el control ético ha mostrado ser insuficiente durante décadas.
