La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo y a través del fiscal 175 local de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, ordenó medidas de protección urgentes en favor del empresario de eventos Ricardo Leyva Páez contra su exesposa, Karen Santos García, por presunta extorsión agravada. Estas medidas incluyen una prohibición absoluta de acercamiento, contacto o comunicación directa o indirecta por parte de Santos García hacia Leyva Páez y su núcleo familiar, salvo orden judicial superior, como regulaciones de visitas a hijos menores, en cuyo caso el contacto debe ser mínimo y preferentemente a través de terceros neutrales. Además, se dispuso atención prioritaria en los CAI y acompañamiento policial proactivo, todo ello en el marco de una investigación preliminar en Medellín, Colombia, motivada por una denuncia de Leyva Páez que describe amenazas de divulgar un video íntimo y dañar su reputación.
El despacho fiscal justificó estas acciones en la manifestación de riesgo inminente presentada por el denunciante, derivada de conductas presuntamente realizadas por la indiciada durante la fase inicial de la pesquisa por extorsión agravada. Las medidas incorporan protocolos específicos de atención en casos de violencia de género e intrafamiliar, con un seguimiento policial activo para garantizar la seguridad de Leyva Páez y su familia.
Denuncias cruzadas entre las partes
El caso se complica por denuncias recíprocas entre las partes involucradas. Mientras Leyva Páez acusa a Santos García de extorsión y hostigamiento, ella, por su lado, ha denunciado violencia intrafamiliar en su contra, alegando golpes que le causaron pérdida parcial de visión en un ojo, así como un video que muestra una agresión con cuchillo y amenazas de muerte por parte de su exesposo. Santos García presentó estos videos ante la Fiscalía sin haber recibido medidas de protección similares hasta el momento. Las denuncias son manejadas por fiscales distintos, lo que ha generado una fragmentación procesal sin intercambio de información en esta etapa preliminar, según explican expertos consultados.
“El Despacho Fiscal adopta estas medidas con base en la manifestación de riesgo inminente formulada por el denunciante, RICARDO LEYVA PÁEZ, en el marco de la investigación por los PRESUNTOS DELITOS de Extorsión Agravada. El riesgo manifestado por el denunciante se concreta en las siguientes conductas presuntamente realizadas por la indiciada”
Despacho Fiscal
“Prohibición Absoluta de Contacto (MEDIDA PRINCIPAL Y CONDICIONADA): Se ordena la PROHIBICIÓN ABSOLUTA a la indiciada de acercarse, contactar o comunicarse con el denunciante o su núcleo familiar por cualquier medio, SALVO QUE EXISTA ORDEN JUDICIAL O LEGAL SUPERIOR QUE OBLIGUE DICHO CONTACTO (ej. Regulación de visitas a hijos menores). En caso de existir dicha excepción, el contacto debe ser estrictamente el necesario para cumplir el mandato legal/judicial, debiendo canalizarse preferentemente por terceras personas neutrales”
Despacho Fiscal
Karen Santos García, por su parte, ha ofrecido su versión de los hechos, afirmando que abandonó el hogar por miedo tras un episodio relacionado con el consumo de alcohol de Leyva Páez. “La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo. Ese día llegamos a la casa después de haber terminado una gira de conciertos. Ricardo tiene un problema muy grande con el alcohol. Sus amigos y todas las personas que me conocen saben que yo traté de ayudarlo. Él era una persona cuando estaba con tragos y otra cuando estaba sobrio”, declaró la exesposa. El caso ha cobrado relevancia pública, con pronunciamiento del presidente Gustavo Petro tras las denuncias de Santos García, lo que resalta las tensiones en un proceso judicial aún en desarrollo.
La información se basa en el documento judicial de la Fiscalía y reportes de la Revista Cambio, destacando la necesidad de una mayor coordinación en investigaciones con denuncias cruzadas para evitar riesgos innecesarios en contextos de violencia familiar.
