La Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal 175 local de Medellín, Carlos Arturo Gómez Osorio, y bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, ordenó medidas de protección inmediatas a favor del empresario de eventos Ricardo Leyva Páez contra su exesposa, Karen Santos García, por presunta extorsión agravada. Estas medidas incluyen la prohibición absoluta de contacto directo o indirecto entre ambos, atención prioritaria en los CAI, acompañamiento policial constante y protocolos de atención específicos, todo ello en el marco de una denuncia presentada por Leyva en Medellín, donde alega amenazas de divulgación de un video íntimo y daño a su reputación profesional.
Las acciones de la Fiscalía se basan en la manifestación de riesgo inminente formulada por Leyva, quien describe conductas presuntamente realizadas por Santos que ponen en peligro su seguridad. Entre las disposiciones clave destaca la orden de no acercarse, contactar o comunicarse con el denunciante o su núcleo familiar por ningún medio, salvo excepciones judiciales como regulaciones de visitas a hijos menores, en cuyo caso el contacto debe ser mínimo y preferentemente a través de terceros neutrales. Adicionalmente, se establecen comunicaciones de rutas seguras, protocolos de atención y un seguimiento policial proactivo para garantizar la efectividad de estas protecciones.
Denuncias cruzadas en un caso de alto perfil
Este caso se enmarca en un intercambio de acusaciones entre la pareja separada. Mientras Leyva denuncia extorsión agravada y hostigamiento por parte de Santos, ella lo acusa de violencia física y psicológica intrafamiliar, respaldando sus afirmaciones con videos que muestran agresiones como golpes que requirieron atención en urgencias, pérdida parcial de visión y persecución con cuchillo. Santos presentó estos materiales tanto a la Fiscalía como a medios de comunicación, pero hasta el momento no ha recibido medidas de protección similares. Las denuncias son manejadas por fiscales distintos que no comparten información en esta fase preliminar de la investigación.
«El Despacho Fiscal adopta estas medidas con base en la manifestación de riesgo inminente formulada por el denunciante, RICARDO LEYVA PÁEZ, en el marco de la investigación por los PRESUNTOS DELITOS de Extorsión Agravada. El riesgo manifestado por el denunciante se concreta en las siguientes conductas presuntamente realizadas por la indiciada”.
Documento judicial de la Fiscalía General de la Nación
«Prohibición Absoluta de Contacto (MEDIDA PRINCIPAL Y CONDICIONADA): Se ordena la PROHIBICIÓN ABSOLUTA a la indiciada de acercarse, contactar o comunicarse con el denunciante o su núcleo familiar por cualquier medio, SALVO QUE EXISTA ORDEN JUDICIAL O LEGAL SUPERIOR QUE OBLIGUE DICHO CONTACTO (ej. Regulación de visitas a hijos menores). En caso de existir dicha excepción, el contacto debe ser estrictamente el necesario para cumplir el mandato legal/judicial, debiendo canalizarse preferentemente por terceras personas neutrales”.
Documento judicial de la Fiscalía General de la Nación
Karen Santos García, por su parte, ha ofrecido su versión de los hechos en declaraciones públicas, afirmando que abandonó la relación por temor a su vida. «La única razón por la que salí fue porque estaba huyendo, porque tenía miedo. Ese día llegamos a la casa después de haber terminado una gira de conciertos. Ricardo tiene un problema muy grande con el alcohol. Sus amigos y todas las personas que me conocen saben que yo traté de ayudarlo. Él era una persona cuando estaba con tragos y otra cuando estaba sobrio», relató Santos. Ricardo Leyva Páez es un reconocido empresario de conciertos y eventos en Colombia, lo que añade visibilidad al conflicto. El caso ha trascendido al punto de que el presidente Gustavo Petro se pronunció públicamente tras las denuncias iniciales de Santos, destacando la sensibilidad del tema.
