La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja investiga a ocho militares, identificados como L.M., B.F., D.V., E.M., A.S., J.A., Á.V. y F.C., junto a tres civiles, uno de ellos colombiano, por el presunto delito de homicidio calificado tras la muerte de cinco personas durante un operativo antidrogas en la región de Huancavelica. Entre las víctimas se encuentra el colombiano Nilson Eduardo Montenegro Valencia, de 25 años, en un incidente ocurrido el sábado 25 de abril en el tramo de la carretera Colcabamba-Ayacucho, en la zona del VRAEM. La fiscal Zina Romero Chávez lidera las diligencias por lo que se califica como una posible masacre en un retén militar, donde los efectivos ordenaron el alto a una camioneta y abrieron fuego contra sus ocupantes.
Según la versión oficial, los militares actuaron en legítima defensa ante un supuesto ataque con armas de fuego por parte de los ocupantes, quienes no habrían obedecido la orden de detención. El suceso dejó además dos heridos, Everoto Quispe y Jonathan Águila Gutiérrez, mientras que ningún militar resultó lesionado. Las víctimas regresaban de un torneo de fútbol en la zona, y la policía no encontró drogas ni armas en la camioneta, lo que genera cuestionamientos sobre la actuación de los involucrados en esta área conocida por el narcotráfico y la presencia de Sendero Luminoso.
Investigación y pericias en desarrollo
Las autoridades han iniciado pericias balísticas forenses, pruebas de absorción atómica, así como la incautación de celulares y el vehículo involucrado. Se encuentran en curso las declaraciones de los militares y los heridos, con resultados pendientes de la Depincri de Huanta-Ayacucho. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) ha exigido una investigación inmediata e independiente para esclarecer los hechos en esta mayor cuenca cocalera del país.
“ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa”
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú
El operativo formaba parte de las acciones contra el tráfico ilícito de drogas en una de las zonas más conflictivas del Perú, marcada por el cultivo de coca y la actividad de grupos armados como Sendero Luminoso. Este caso pone en el centro del debate la proporcionalidad del uso de la fuerza en operativos militares y las garantías para los derechos humanos en regiones de alta vulnerabilidad.
