La Fiscalía General de la Nación se prepara para enfrentar en 2026 una sobrecarga de expedientes de alto impacto relacionados con corrupción, homicidios, extradiciones y delitos contra la administración pública, involucrando a exfuncionarios del Gobierno como los exministros Luis Fernando Velasco de Interior y Ricardo Bonilla de Hacienda, el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo, el excanciller Álvaro Leyva, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la empresaria Zulma Guzmán, entre otros investigados de empresarios, sector público y crimen organizado. Estos procesos judiciales incluyen la tramitación de audiencias por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), lavado de activos, contrabando, el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, nexos entre disidencias de las Farc y el Ejército, así como contratos irregulares en pasaportes, Ecopetrol, helicópteros Mi-17, el predio Aguas Vivas y el envenenamiento con talio, con actividades concentradas en ciudades como Bogotá, Cartagena, Buenaventura, Medellín, Atlántico y Córdoba, además de extradiciones desde Managua, Portugal y Londres.
Las investigaciones, impulsadas por detenciones, imputaciones, interrogatorios, colaboraciones de delatores y la reactivación de expedientes, revelan desvíos millonarios como los más de 612.000 millones de pesos en la Ungrd, 111 millones en contratos vinculados a Nicolás Petro Burgos, 559.000 millones en el contrato de pasaportes, un apartamento valuado en 1.800 millones para Ricardo Roa, 32 millones de dólares en el contrato de helicópteros con una sanción de 33.700 millones de pesos, y un predio de más de 145.000 metros cuadrados en Aguas Vivas, además de 32 años de vinculaciones en contrabando para Papá Pitufo. Algunos eventos previos ocurrieron entre 2023 y 2025, pero la mayor carga se iniciará en 2026, agravada por la polémica generada en 2025 por estos escándalos de corrupción y delitos contra la administración pública que han erosionado la confianza institucional debido a sobornos, nexos criminales y contratos irregulares.
Casos emblemáticos y pendientes judiciales
En la Ungrd destacan delatores como Olmedo López y Sneyder Pinilla, con el prófugo Carlos Ramón González en Managua y la captura pendiente de César Manrique. Nicolás Petro Burgos enfrenta dos procesos por lavado y enriquecimiento ilícito desde 2023, así como tráfico de influencias y peculado en Atlántico, aunque le negaron medida de aseguramiento. El magnicidio de Miguel Uribe Turbay deja ocho capturados, incluyendo un menor de 15 años con siete años de prisión y otro de 21 años, con enlace a Simeón Pérez Marroquín de la Segunda Marquetalia, pendientes determinadores clave. Las disidencias Calarcá involucran al general Juan Miguel Huertas del Comando Personal y Wilmar Mejía del DNI, con incautaciones en 2024. En helicópteros Mi-17, se capturaron el 15 de diciembre de 2024 al coronel Julián Ferney Rincón, Hugo Alejandro Mora y Diego Alejandro Manrique. Aguas Vivas implica a 12 funcionarios, con audiencia suspendida por nulidad y reanudación en febrero de 2026. El envenenamiento con talio en Bogotá en 2025 afectó a tres niñas y un adulto, con dos menores fallecidos, y Zulma Guzmán arrestada en Londres.
“caprichosa, tozuda y arbitraria”
Sandra Portilla, fiscal (sobre la intervención de Álvaro Leyva)
Estos expedientes no solo representan un desafío logístico para la Fiscalía, sino un momento crítico para la justicia colombiana, con extradiciones pendientes como la de Guzmán desde Londres y Marín desde Portugal, en un contexto donde la colaboración de delatores y las capturas recientes podrían definir el rumbo de las instituciones ante la opinión pública.
