La Fiscalía General de la Nación se prepara para enfrentar en 2026 una sobrecarga histórica de expedientes de alto impacto relacionados con corrupción, homicidios, extradiciones y crimen organizado, que involucran a exfuncionarios del Gobierno como los exministros Luis Fernando Velasco de Interior y Ricardo Bonilla de Hacienda, así como a Nicolás Petro Burgos, Diego Marín Buitrago alias Papá Pitufo, el excanciller Álvaro Leyva, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y Zulma Guzmán. Estos procesos incluyen la tramitación de audiencias y juicios por desvíos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que superan los 612.000 millones de pesos, lavado de activos, contrabando, el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, nexos entre disidencias de las Farc y el Ejército, el contrato de pasaportes por 559.000 millones de pesos, contrataciones irregulares en Ecopetrol como los derechos del Bloque Sinú 9 con Princeton International Holding y Serafino Iácono, el contrato de helicópteros Mi-17 valorado en 32 millones de dólares con sanción a Vertol por 33.700 millones de pesos, el caso Aguas Vivas con un predio de más de 145.000 metros cuadrados y el envenenamiento con talio que dejó dos menores y un adulto afectados.
Las investigaciones revelan detenciones, imputaciones, audiencias pendientes y colaboraciones de imputados, con incautaciones de dispositivos clave, mientras algunos eventos clave ocurrieron entre 2023 y 2025, como capturas programadas para el 15 de diciembre de 2025 y interrogatorios en el mismo mes. Los casos se desarrollan en ciudades colombianas como Bogotá, Cartagena, Buenaventura, Medellín, Atlántico y Córdoba, con extradiciones pendientes desde Managua, Portugal y Londres. En la Ungrd, exdirectores como Olmedo López y Sneyder Pinilla han colaborado tras sus detenciones, mientras Carlos Ramón González permanece prófugo en Managua y César Manrique enfrenta captura pendiente. Nicolás Petro acumula dos procesos por lavado y enriquecimiento ilícito desde 2023, además de tráfico de influencias y peculado, aunque le negaron medida de aseguramiento; sus contratos suman 111 millones de pesos. Papá Pitufo, prófugo en Portugal, tiene nexos con el cartel de Cali y sobornos a Policía Fiscal y Aduanera.
Casos emblemáticos que marcan el calendario judicial
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay ha llevado a la captura de ocho personas, incluyendo a Elder José Arteaga Hernández alias Chipi y Simeón Pérez Marroquín alias El Viejo como enlace de la Segunda Marquetalia, con sentencias de 7 y 21 años para algunos, pero los determinadores intelectuales siguen pendientes. Las disidencias de Calarcá vinculan al general Juan Miguel Huertas y Wilmar Mejía del DNI con empresas de seguridad como fachadas. En Ecopetrol, Ricardo Roa enfrenta escrutinio por un apartamento valuado en 1.800 millones de pesos. El contrato de helicópteros Mi-17 derivó en capturas del coronel Julián Ferney Rincón, Hugo Alejandro Mora y Diego Alejandro Manrique. El caso Aguas Vivas involucra a 12 funcionarios, con audiencia suspendida por nulidad y reanudación en febrero de 2026. Zulma Guzmán fue arrestada en Londres por el envenenamiento con talio de tres niñas y un adulto, dos de ellas menores fallecidos.
“caprichosa, tozuda y arbitraria”
Sandra Portilla, fiscal
Estos escándalos, que generaron enorme polémica en 2025 por delitos de administración pública y su relevancia social, representan el mayor reto judicial en la historia reciente de la Fiscalía debido a la sobrecarga de expedientes, con algunos prófugos, procesos inconclusos y audiencias clave aplazadas para 2026. Las investigaciones por desvío de fondos, sobornos y nexos criminales no solo determinarán responsabilidades individuales, sino que pondrán a prueba la confianza en las instituciones colombianas, en un contexto de detenciones masivas y colaboraciones que podrían acelerar o complicar los fallos.
