La Fiscalía General de la Nación logró que un juez enviara a prisión preventiva a Jefferson Sánchez Correa, conocido como alias El Mono, por su presunta responsabilidad en el reclutamiento forzado de menores para las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco, en los departamentos de Guaviare y Vaupés, específicamente en comunidades indígenas. La captación de estos jóvenes se remonta a marzo de 2022, mediante la identificación de vulnerabilidades en entornos educativos, falsas promesas de dinero y amenazas directas a las familias, con el objetivo de incorporarlos a las filas del grupo armado Frente Armando Ríos.
Durante la audiencia, al acusado se le imputaron graves delitos como concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo, reclutamiento ilícito y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido, aunque Jefferson Sánchez Correa no aceptó los cargos. La Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo imágenes de tres adolescentes en una lancha navegando por el río Vaupés hacia un campamento, y otra de uno de ellos vestido con camuflaje y portando un fusil, que evidencian la operación criminal.
Cifras alarmantes de reclutamiento forzado
En lo que va de 2024 se han registrado 651 casos de reclutamiento forzado de menores, mientras que en 2025 ya suman 257, con las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de Iván Mordisco responsables del 47,1 por ciento de estos incidentes. Trágicamente, al menos dos adolescentes reclutados perdieron la vida: uno el 30 de marzo de 2025 en Solano, Caquetá, y otro el 11 de agosto de 2024 en Cucurú, Vaupés.
Impacto devastador en comunidades indígenas
Esta operación criminal ha afectado de manera especial a niños y adolescentes indígenas de Vaupés y Guaviare, donde la Fiscalía recabó testimonios y denuncias de líderes comunitarios que revelan una estrategia sistemática de las disidencias. Estas estructuras imponen normas a las comunidades, exigen pagos por incumplimientos, planean homicidios selectivos y provocan desplazamientos forzados, extendiendo su influencia a regiones como Bolívar, Arauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Nariño, Huila, Chocó, Antioquia y Cauca. Las denuncias de las comunidades indígenas y líderes locales fueron clave para desarticular esta red, subrayando la vulnerabilidad de las zonas rurales y la urgencia de medidas de protección para la niñez.
