La Fiscalía General de la Nación, encabezada por Luz Adriana Camargo, evaluará en los próximos días si reactiva las órdenes de captura contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las Farc, tras una reunión clave con el comisionado de Paz, José Otty Patiño. Esta decisión surge en el marco de un seguimiento periódico establecido por la Ley 2272 de 2022 y la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, con la participación de diversas instituciones, y se basa en evidencias de acciones violentas atribuidas al líder guerrillero, incluyendo hallazgos en dispositivos electrónicos incautados durante su detención en julio de 2024 en una caravana armada en Antioquia, a bordo de camionetas de la Unidad Nacional de Protección.
Calarcá, designado como vocero en el proceso de paz con el EMBF —una disidencia del EMC de alias Iván Mordisco—, vio suspendidas temporalmente las órdenes en su contra por esa razón, pero ahora enfrenta cuestionamientos por presuntos delitos cometidos en el sur del país y los Llanos Orientales, donde al menos 20 personas han muerto en disputas internas. Los peritajes revelaron vínculos directos con el homicidio de un líder social, extorsiones y otras actividades criminales ocurridas incluso después de su nombramiento como vocero, lo que podría complicar las negociaciones de paz en curso.
Evidencias clave de los peritajes
La Fiscalía informará al comisionado Patiño sobre las pruebas recolectadas y sus posibles consecuencias penales, evaluando los méritos para revivir las capturas en una metodología que prioriza la justicia frente a los avances en diálogo. La detención en julio se produjo en un retén donde se interceptaron los dispositivos que ahora sustentan las acusaciones, destacando conversaciones y evidencias que apuntan directamente a órdenes emitidas por Calarcá.
«Encontramos el asesinato de un líder social. Y lo que encontramos ahí fue exactamente la conversación escrita que tiene con el chat que tiene con el ejecutor material de ese homicidio y luego la evidencia de que esa muerte por orden de él se habría ejecutado»
Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación
Este desarrollo pone en jaque el equilibrio entre el proceso de paz y la persecución penal, ya que la reactivación de las órdenes podría impactar directamente las conversaciones con el EMBF, en un contexto de violencia persistente en regiones como los Llanos Orientales y el sur del país, donde las disidencias continúan operando pese a los esfuerzos gubernamentales.
