La Fiscalía General de la Nación destinó 6.080.486 pesos para la protección y manutención de José Wilmer Ayola Lerma, vigilante de los conjuntos residenciales Bochica V y VI en Bogotá, quien fue condenado a ocho años de prisión por falso testimonio en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares. Ayola Lerma, incluido en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos en junio de 2012 tras acusar a Carlos Cárdenas de agredir al estudiante en el Parque El Virrey el 31 de octubre de 2010, recibió estos recursos en transporte, alojamiento en el Hotel El Campín y tres sedes de máxima seguridad hasta noviembre de ese año, todo por considerarlo un testigo clave amenazado que generó incluso órdenes de captura erróneas contra Cárdenas.
Sin embargo, su testimonio fue desmentido por minutas laborales, registros de los conjuntos en la Calle 80 y peritajes de la Universidad de La Salle que revelaron sus limitaciones visuales, lo que llevó a un preacuerdo en diciembre de 2013 y una condena inicial de prisión domiciliaria revocada el 14 de mayo de 2015 por el Tribunal Superior de Bogotá, culminando en su traslado a la cárcel La Picota. Además de los ocho años de cárcel, equivalentes a 96 meses, se le ordenó un reintegro de 3.150.000 pesos por un 50% de incremento patrimonial injustificado y una multa superior a 77 millones de pesos. Este caso involucró a fiscales como Antonio Luis González Navarro, Martha Lucía Zamora Ávila y Patricia Feria Bello, y se conecta con otros condenados por cargos similares: Jonathan Andrés Martínez y Jesús Alberto Martínez, sentenciados a siete años cada uno, aunque Jesús falleció en 2018 en La Picota.
El impacto en el caso Colmenares y revelaciones recientes
El escándalo surge en el contexto del caso Colmenares, la muerte del estudiante en 2010 que generó múltiples versiones desmentidas y decisiones judiciales erróneas, como las absoluciones de Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas en 2014, así como el cierre de la investigación contra el exfiscal González Navarro confirmado por la Corte Suprema de Justicia en 2024. Un informe de El Colombiano, con acceso a documentos oficiales y el expediente judicial, destapó estos gastos y el manejo irregular del testimonio de Ayola Lerma, resaltando fallos que prolongaron el litigio por más de una década.
Esta revelación pone en jaque la credibilidad de procesos clave en uno de los casos más mediáticos de Colombia, cuestionando el uso de recursos públicos en testigos cuya veracidad fue posteriormente invalidada y subrayando la necesidad de mayor escrutinio en programas de protección que influyen en fallos judiciales de alto perfil.
