La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cuatro personas por los delitos de tortura, alteración de pruebas, soborno a testigos y ocultamiento de información en el marco del asesinato de Juan Felipe Rincón, un joven de 21 años e hijo del director de la Policía Nacional, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá. Entre los imputados se encuentran Katherine Sotelo y Camilo Sotelo, quienes según la investigación formaron parte de un plan siniestro para atraer a la víctima bajo engaños utilizando menores de edad, propinarle golpes y luego manipular la narrativa pública tildándolo falsamente de violador y pedófilo con el fin de dañar su dignidad y encubrir el crimen.
El macabro esquema incluyó no solo el homicidio, sino también la apropiación de bienes de la víctima, pagos a testigos para alterar sus declaraciones y obstrucción deliberada de evidencias clave, como la participación directa de los Sotelo en un presunto expendio de drogas en la vivienda donde se consumó el hecho. Una testigo menor identificada como S.B.B. reveló detalles cruciales, afirmando que le ofrecieron dinero para cambiar su versión y ocultar datos relevantes, e incluso denunció haber sido víctima de vejámenes sexuales por parte de uno de los implicados. Otra menor ratificó esta versión, reorientando la investigación que inicialmente se había enfocado solo en el disparo fatal sin considerar el contexto previo de engaños y violencia.
El plan para desviar la atención y justificar el crimen
Desde el inicio, los responsables intentaron presentar a Juan Felipe Rincón como un agresor sexual para generar un distractor mediático y justificar sus acciones, pero las declaraciones de testigos menores y el análisis de hechos previos solicitado en enero de 2025 desmontaron esa narrativa falsa. Un fiscal y un juez confirmaron que las conversaciones no contenían el contenido alegado, evidenciando un complot que involucraba la seducción de la víctima para llevarla al barrio Quiroga y la repartición de utilidades entre los implicados. La defensa de la familia Rincón, a cargo del abogado Juan Felipe Criollo, rechazó cualquier intento de cierre del caso y celebró esta imputación reciente que expone las fallas iniciales en la pesquisa.
«Para el 24 de noviembre del 2024, el titular era que se había acabado con la vida de un violador. Hoy en día vemos que eso no es cierto, que era todo lo contrario, que aquí existió un plan, inclusive, de dañar la dignidad de Juan Felipe después de su deceso. Y esa era la forma de la defensa que querían ejercer estas personas para generar el distractor.»
Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón
La Fiscalía, ante el riesgo evidente de obstrucción a la justicia, solicitó medidas restrictivas contra los cuatro imputados y abrió una investigación formal contra Rincón pese a su muerte, aunque esta se centra en esclarecer su presunta responsabilidad en otros hechos que no se sostienen según las pruebas actuales.
«Lo tildaron de violador, de pedófilo y de cualquier tipo de calificativo negativo que no merecía este joven. No lo digo yo, ya lo han dicho un fiscal y un juez de la República, que las conversaciones no tenían ese contenido, pero ellos crearon esa narrativa para poder justificar las situaciones de los golpes, de generar un engaño, utilizar menores para ejecutar ese plan y seducir a Juan Felipe para llevarlo a ese barrio Quiroga. Inclusive, se hablaba de repartición de utilidades.»
Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón
«Ella manifestó que no solamente querían llevar a Juan Felipe bajo engaño, sino que, cuando ya se ejecutó esta situación, le ofrecieron dineros para que ella cambiara sus versiones y ocultara datos relevantes, como la participación de Katherine Sotelo y Camilo Sotelo, que al parecer tenían un expendio de drogas. Que esta menor inclusive había sido víctima de vejámenes sexuales por parte de uno de los implicados.»
Juan Felipe Criollo, abogado de la familia Rincón
Este caso, que ha sacudido a la opinión pública en Bogotá y más allá, subraya las graves deficiencias en las primeras etapas de la investigación y resalta la importancia de los testimonios de las menores para destapar la verdad detrás de un crimen premeditado en un entorno marcado por el tráfico de estupefacientes.
