La Fiscalía General de la Nación radicó ante los jueces de control de garantías de Cajicá (Cundinamarca) la imputación de cargos por homicidio culposo contra los docentes Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, señalados de omitir sus deberes de vigilancia y protección sobre la menor Valeria Afanador, de 10 años y con síndrome de Down, quien desapareció el 29 de agosto y fue hallada sin vida en un río cercano al Gimnasio Campestre Los Laureles, institución donde ambos trabajaban. La notificación oficial, realizada por la Fiscalía de Vida de Zipaquirá, fue comunicada este 2 de junio de 2026 a la familia de la víctima, que a través de su abogado, Julián Quintana, expresó su inconformidad porque la rectora del colegio no fue incluida en el proceso penal.
Según la investigación, los dos docentes tenían a su cargo la supervisión directa de la menor en el momento de los hechos. La Fiscalía determinó que existieron presuntas omisiones que facilitaron la desaparición y posterior muerte de Valeria, cuyo cuerpo fue localizado en el cauce del río. La imputación se centra en la responsabilidad individual de Fuentes y Ochoa Prada, pero el abogado de la familia Afanador anunció que continuará impulsando acciones legales para que otros directivos de la institución educativa, empezando por la rectora, sean investigados penalmente por lo ocurrido.
Investigación ambiental paralela
Además de la imputación por homicidio culposo, la Fiscalía compulsó copias para abrir una investigación de carácter ambiental, ante la posible irregularidad de que el colegio funcione en la ronda del río donde apareció el cuerpo de la menor. Este hecho ha generado interrogantes sobre las condiciones de seguridad y ubicación del Gimnasio Campestre Los Laureles, que podrían haber contribuido al trágico desenlace. La familia, representada por Quintana, espera que esta línea de indagación permita establecer responsabilidades más amplias y evitar que casos similares se repitan en el futuro.
