La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas, agentes activos de la Policía Nacional, por el delito de concusión, luego de que presuntamente exigieran dinero a un ciudadano en Cali a cambio de revelarle información reservada sobre una supuesta investigación por narcotráfico y extradición en su contra. Los hechos ocurrieron entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026, cuando los uniformados ingresaron a un conjunto residencial en el sur de la ciudad con el pretexto de atender un caso de maltrato infantil, con el fin de identificar a la víctima y obtener sus datos personales.
Según la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, nueve días después de ese primer contacto los policías regresaron al lugar y le exigieron dinero al hombre a cambio de entregarle información sobre un proceso penal que se seguía en su contra por narcotráfico y extradición. La captura de los dos agentes se materializó en la estación de policía El Caney, y un juez de control de garantías determinó que ambos seguirán vinculados al proceso mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas. La concusión, delito imputado, se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir dinero u otra ventaja indebida, una conducta que atenta directamente contra la confianza depositada en las instituciones.
Caso Donovan Balanta en Bogotá
En un hecho separado pero igualmente preocupante, tres policías, entre ellos un mayor, fueron capturados en Bogotá por su presunta participación en el procedimiento que terminó con la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre de 32 años, el pasado 20 de septiembre en el barrio Caracolí, al sur de la capital. Videos que circularon en redes sociales muestran golpes y el uso de un dispositivo taser durante la intervención, tras la cual Balanta fue trasladado al Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha, donde falleció a las 7:30 de la noche del mismo día.
La madre del fallecido, Marlenys Paz, expresó su dolor y exigió justicia.
«Me lo asesinaron, me destrozaron a mí y mi familia»
Marlenys Paz, madre de Donovan Balanta
La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades establecer si hubo discriminación racial o perfilamiento en el caso, mientras que la Policía Nacional separó de sus funciones a siete agentes mediante un proceso disciplinario. Ambos casos reflejan un cuestionamiento creciente sobre la actuación de algunos miembros de la fuerza pública y la necesidad de que se investiguen con rigor las denuncias por abuso de autoridad.
