En un duro golpe al gobierno anterior, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos graves a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, por liderar una presunta organización criminal dedicada a asignar contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a congresistas a cambio de su apoyo legislativo para las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro. La audiencia de imputación se llevó a cabo el 1 de diciembre en el Tribunal Superior de Bogotá, ante la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, y se les sindica de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los hechos investigados ocurrieron entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
La fiscal María Cristina Patiño detalló que los exfuncionarios dirigieron un esquema para direccionar más de 612.000 millones de pesos en contratos, incluyendo proyectos de Invías en Córdoba por 15.700 millones de pesos, con el objetivo de garantizar mayorías parlamentarias en reformas sociales y operaciones de crédito público. Todo se concretó mediante reuniones y acuerdos secretos con congresistas de distintas comisiones, quienes recibían cupos indicativos para sus regiones a cambio de votos favorables.
Orígenes de la investigación y testigos clave
La pesquisa se basa en las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Ungrd, así como de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quienes recibieron beneficios judiciales a cambio de su colaboración. La primera reunión se registró en noviembre de 2023, cuando Velasco y Bonilla instruyeron a Benavides para reunirse con el senador Julio Elías Chagüi, quien representaba a otros ocho congresistas, y negociar contratos a cambio de apoyo político. La fiscal Patiño enfatizó que esta red buscaba «aceitar» el Congreso mediante estos favores millonarios.
“lideraron, promovieron y dirigieron” la organización criminal.
María Cristina Patiño, fiscal
La próxima sesión judicial está programada para el 15 de diciembre de 2025, donde se definirá si los exministros enfrentarán juicio. Este caso sacude el panorama político colombiano, revelando presuntas maquinaciones en las entrañas del poder para torcer la voluntad legislativa con dineros públicos, en un contexto de reformas que polarizaron al país durante la administración Petro.
