La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por maltrato animal a dos personas en Bogotá, en hechos que han generado indignación pública. Andrés Mauricio Ariza Durán enfrenta acusaciones por lesiones agravadas a Samantha, una perra golden retriever de 14 años, tras agresiones reiteradas registradas el 24 de octubre de 2025 en un complejo residencial de Cedritos, en el norte de la capital. Por su parte, Olga Patricia Marín Sotelo fue imputada por muerte de animal agravada después de arrojar a Mila, una perra de ocho meses, desde el balcón de un segundo piso en un apartamento del barrio Bosa Porvenir, el 26 de noviembre, lo que causó la muerte inmediata de la mascota. Ambos imputados rechazaron los cargos durante las audiencias.
Los casos salieron a la luz gracias a videos de cámaras de seguridad y denuncias de vecinos alertados por las crueldades. En el incidente con Samantha, las grabaciones capturaron las agresiones en el cuarto de basuras del edificio, mientras que para Mila, las inspecciones del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) confirmaron las lesiones fatales derivadas del lanzamiento desde esa altura. Estas evidencias fueron recopiladas por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía, que ha intensificado sus investigaciones ante el incremento sostenido de denuncias por este tipo de delitos en Colombia.
Ley Ángel fortalece la protección animal
El contexto legal se enmarca en la Ley Ángel, promulgada en 2025 como la Ley 2455, que reconoce a los animales como seres sintientes, endurece las penas por maltrato e introduce un registro nacional de agresores. Las autoridades han reiterado que estos actos conllevan sanciones penales severas, incluyendo penas privativas de la libertad en casos graves como los presentados. Ciudadanos pueden presentar denuncias directamente ante la Fiscalía o el Idpyba para combatir esta problemática creciente.
Estos episodios subrayan la urgencia de una mayor conciencia y vigilancia comunitaria para proteger a las mascotas, en un país donde las denuncias por maltrato animal no cesan de aumentar, impulsando así un cambio cultural impulsado por normativas más robustas.
