La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a la actriz y exreina Yeimy Paola Vargas por presunta falsedad en documento público, relacionado con un diploma académico que presentó para obtener un contrato con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). La audiencia de imputación está programada para este jueves 30 de abril en Cartagena, en las instalaciones del IPCC, e involucra también a la exfuncionaria Carmen Lucy Espinosa. El caso gira en torno a un diploma supuestamente emitido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, utilizado para acreditar estudios en actuación y teatro que permitieron la contratación de Vargas.
El contrato inicial, suscrito el 21 de marzo de 2025, tenía un valor de 55 millones de pesos y una duración de nueve meses, enfocado en actividades de protección del patrimonio cartagenero. Sin embargo, fue suspendido a los seis meses de ejecución tras detectarse irregularidades en el documento, como diferencias tipográficas en el nombre, ausencia de registros en el instituto emisor y un formato que no coincide con los modelos institucionales. Posteriormente, en 2026, la Alcaldía de Cartagena la recontrataron por 18 millones de pesos bajo el perfil de bachiller, amparados en la presunción de inocencia, mientras se revisaba también una certificación de curso de transparencia y lucha contra la corrupción en su hoja de vida.
Irregularidades que desencadenaron la investigación
La pesquisa reveló omisiones en la validación de documentos por parte de funcionarios del IPCC, lo que ha ampliado la indagación hacia ellos. Las discrepancias en el diploma fueron clave para cuestionar la autenticidad de los estudios presentados por Vargas, lo que podría derivar en una pena de entre cuatro y nueve años de prisión por el delito de falsedad en documento público.
Este caso pone en evidencia las vulnerabilidades en los procesos de contratación pública en entidades culturales, especialmente en la verificación de títulos académicos, y subraya el compromiso de la Fiscalía por esclarecer posibles fraudes que afectan el manejo de recursos públicos en Cartagena.
