La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Yeimy Paola Vargas, conocida exreina de belleza y actriz de la farándula colombiana, por el delito de falsedad en documento público durante una audiencia programada para el 30 de abril de 2026 en Cartagena. La imputación se basa en la presunta utilización de un diploma académico apócrifo que Vargas presentó como certificación de tecnóloga laboral en actuación y teatro, emitido supuestamente por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, para obtener un contrato estatal firmado el 21 de marzo de 2025.
El contrato de 2025, por un valor de 55 millones de pesos y con una duración de nueve meses, fue adjudicado para servicios de apoyo en gestión y promoción cultural por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC). Irregularidades en el diploma, como diferencias en tipografía y formato, fueron reportadas inicialmente por Álvaro González Álvarez en octubre de 2025, lo que llevó a verificar que el documento no está registrado en el instituto y que Vargas no figura en sus listados académicos ni administrativos. Además, se conoció que en 2026 fue recontratada por 18 millones de pesos, esta vez como bachiller, respetando la presunción de inocencia. Si es condenada, podría enfrentar de cuatro a nueve años de cárcel e inhabilidad para contratar con el Estado.
Investigación revela omisiones en funcionarios públicos
La pesquisa, revelada por la revista Semana, incluye una revisión a funcionarios del IPCC por posibles omisiones en la verificación de la hoja de vida de Vargas, la cual destaca una certificación en transparencia y lucha contra la corrupción. Hasta el momento, la implicada no ha emitido un comunicado oficial de defensa. Este caso recuerda el de Juliana Guerrero, quien también enfrentó acusaciones por falsificación de títulos.
“Se evidencia que la señora Yeimy Paola Vargas no figura dentro de dicho listado, y que el documento presentado difiere del formato de diploma establecido por la institución; por lo anterior, el instituto no registra precedentes académicos, administrativos, ni certificación que soporte la expedición del documento referido”
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, respuesta oficial
El proceso judicial pone en entredicho la rigurosidad en la contratación pública y resalta la necesidad de controles más estrictos en entidades culturales, mientras la opinión pública espera los argumentos de la defensa en la audiencia venidera.
