La Fiscalía General de la Nación dará un paso decisivo en la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al iniciar el proceso de imputación como reos ausentes contra los máximos cabecillas de la disidencia Segunda Marquetalia. Así lo confirmaron fuentes judiciales al referir que la entidad publicará los emplazamientos correspondientes para convocar a audiencia a los señalados, entre ellos Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez; José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever; Kendry Téllez Álvarez, alias Yako; Gener García Molina, alias Jhon 40; Jhon Jairo Bedoya, alias Rumba; Alberto Cruzlobo, alias Enrique Marulanda, y Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo. De no comparecer, la Fiscalía solicitará ante los jueces la declaratoria de personas ausentes, figura que permitiría continuar con la imputación formal y avanzar en un caso que lleva más de un año sin que los presuntos responsables intelectuales enfrenten a la justicia.
El atentado contra Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá, cuando un menor de edad ejecutó el ataque que dejó gravemente herido al dirigente del Centro Democrático y que finalmente le causó la muerte semanas después. Desde entonces, la Fiscalía ha señalado a la Segunda Marquetalia como la organización responsable de la orden del crimen, pero la notificación judicial a sus líderes se ha convertido en un obstáculo persistente, dado que todos permanecen prófugos y en calidad de fugitivos de la justicia colombiana. La condición de reos ausentes busca precisamente sortear esas dificultades de notificación y permitir que el proceso avance, en paralelo a las solicitudes de búsqueda y captura internacional que ya cursan a través de la Interpol, tal como lo ha explicado la fiscal general Luz Adriana Camargo en declaraciones recientes.
El rol de alias Jhon 40 y el financiamiento del magnicidio
Una de las revelaciones más relevantes del expediente apunta a que Gener García Molina, alias Jhon 40, habría actuado como financiador y coordinador del asesinato. Según la investigación, la organización habría destinado cinco mil millones de pesos para la ejecución del plan, dinero que ingresaba a los campamentos a través de un hombre conocido con el alias de El Viejo, capturado el 27 de octubre de 2025 en Puerto Lleras, Meta. Esa captura resultó clave para rastrear el flujo de recursos y para reorientar el foco de la investigación, que inicialmente recaía con mayor fuerza sobre alias Zarco Aldinever. Las nuevas pistas surgieron a partir de la información entregada por una persona relacionada con el grupo armado que busca beneficios judiciales y recompensas, lo que ha permitido a los fiscales del caso reconstruir la cadena de mando y la logística del magnicidio.
El expediente también da cuenta de al menos cuatro reuniones previas celebradas para planear el atentado. Una de ellas habría tenido lugar en un campamento de Iván Márquez en Venezuela, mientras que las otras tres se habrían realizado en un campamento de alias Jhon 40 en Carurú, Vaupés. El propio Jhon 40, según las pesquisas, se moviliza habitualmente en cuatrimotos anfibias que fueron adquiridas en Bogotá y enviadas hacia el Vaupés, un detalle que refuerza la hipótesis de una estructura con capacidad logística y movilidad en zonas de difícil acceso. Estas reuniones habrían servido para definir los detalles operativos del ataque, incluida la participación del menor de edad que finalmente ejecutó el crimen.
Aunque la Fiscalía no ha logrado aún materializar la imputación de manera presencial, la decisión de acudir a la figura de reos ausentes marca un giro en la estrategia jurídica. En paralelo, la entidad evalúa solicitar que el caso sea considerado imprescriptible, dado el impacto político y social que generó el asesinato de un precandidato presidencial en plena campaña electoral. Esa petición, de concretarse, blindaría el proceso contra cualquier eventual vencimiento de términos y garantizaría que los responsables, incluso aquellos que permanecen en la clandestinidad, no escapen a las consecuencias judiciales. La decisión de la Fiscalía de dar este paso refleja, además, la presión por mostrar avances en una investigación que ha sido seguida de cerca por la opinión pública y por el partido Centro Democrático, que ha reclamado justicia en repetidas ocasiones por el asesinato de su principal carta presidencial.
