La Fiscalía General de Colombia imputará cargos por homicidio culposo a cinco funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro por la muerte de Kevin Acosta, un niño con hemofilia que falleció el 13 de febrero de 2026 tras una cadena de errores en la atención médica y el suministro de sus medicamentos. La audiencia de imputación quedó fijada para el 2 de septiembre de 2026. Los llamados a responder son Jessika Paola Triana Sagastuy, directora de la cohorte Alto Costo; Diana Marcela Caballero Arias, gerente de Atención Complementaria; Efret Enrique Morales Murgas, coordinador de Gestión de Atención Complementaria en Huila; Luis Óscar Galves Mateus, interventor de la Nueva EPS, y el médico hematólogo Nelson Ramírez Plazas.
Los hechos que rodean el caso comenzaron a gestarse el 31 de diciembre de 2025, cuando finalizó el contrato entre la IPS Medicarte y la Nueva EPS, dejando a Kevin sin la continuidad de su tratamiento domiciliario. El menor, que residía en el Huila y había tramitado portabilidad a Santander, recibía sus dosis en Charalá. A partir del 1 de enero de 2026, la familia emprendió múltiples solicitudes para garantizar la entrega de los factores de coagulación, sin éxito. El punto más crítico ocurrió cuando la dosis profiláctica prevista para el 12 de enero jamás fue aplicada, y durante la consulta del 27 de enero con el hematólogo Nelson Ramírez Plazas, la madre advirtió al especialista sobre la omisión, pero el médico solo ordenó exámenes y programó el medicamento para febrero.
Una caída de bicicleta y un traslado que llegó demasiado tarde
El 8 de febrero de 2026, Kevin sufrió un accidente en Palestina, Huila. Cayó de una bicicleta desde una altura aproximada de un metro y medio y comenzó a sangrar por oído y nariz. Fue llevado inicialmente al hospital de Pitalito, donde no había factores de coagulación disponibles. El traslado a Bogotá, al Hospital de la Misericordia, tomó más de 22 horas, un lapso que resultó fatal para un paciente hemofílico. El menor falleció cinco días después, el 13 de febrero, en la capital del país.
La Fiscalía atribuye las muertes a fallas de gestión, de control y de continuidad en el tratamiento por parte de los directivos de la Nueva EPS, así como a omisiones médicas. Sobre Efret Enrique Morales Murgas, el ente acusador señaló que la EPS no contaba con un auditor de concurrencia destinado al hospital y que esa función le correspondía a él. Jessika Paola Triana Sagastuy, por su parte, tenía la obligación de garantizar el suministro del medicamento previsto para el 12 de enero, obligación que nunca se cumplió. Diana Marcela Caballero Arias debía asegurar la contratación de atención especializada y la cobertura de servicios integrales, pero no verificó la continuidad del tratamiento. Y Luis Óscar Galves Mateus, en su rol de interventor, estaba llamado a garantizar la calidad y la oportunidad de los servicios médicos ofrecidos por la Nueva EPS.
El suministro oportuno del medicamento el 12 de enero, durante la consulta del 27 de enero o la entrega del factor de coagulación tras el accidente del 8 de febrero pudo haber mantenido el riesgo de sangrado dentro de lo jurídicamente permitido.
Fiscalía General de la Nación
En paralelo, la Fiscalía compulsó copias ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al entonces presidente Gustavo Petro por homicidio culposo, en calidad de garante tras la intervención de la EPS, y por violación agravada de datos personales, al haber divulgado partes de la historia clínica del menor sin autorización el 17 de febrero de 2026 en Uribia, La Guajira. El caso de Kevin Acosta se ha convertido en un símbolo de las fallas estructurales del sistema de salud para pacientes con enfermedades de alto costo, donde la burocracia y la falta de contrato entre operadores terminaron costando una vida.
