La Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, impuso medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión sobre 42 bienes que pertenecerían al desaparecido clan Herrera, la estructura de lavado de activos del extinto Cartel de Cali. El avalúo preliminar de estos activos supera los 44.900 millones de pesos, y fueron ubicados en Cali y otras ciudades del país gracias a un rastreo patrimonial que revisó más de tres décadas de registros notariales y mercantiles. La decisión judicial, emitida por un fiscal especializado en extinción del derecho de dominio, contó con el apoyo del Ejército Nacional en las diligencias de ubicación e inmovilización de los bienes, los cuales fueron ocultados, transformados y administrados a través de una compleja red de personas naturales y empresas que les daban apariencia de legalidad a los dineros producto del narcotráfico.
De manera casi simultánea, se conoció que Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del clan y condenado tanto en Colombia como en Estados Unidos, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella en la que manifiesta su disposición a colaborar con la justicia entregando un listado de aproximadamente 1.000 propiedades que estarían a nombre de testaferros de la organización. En la misiva, el expolicía y exnarcotraficante, hermano del fallecido Hélmer Francisco Herrera Buitrago, alias Pacho Herrera, pidió que esos activos sean destinados a la reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional del país, en particular para atender las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La propuesta incluye además una solicitud expresa para que la Presidencia de la República acompañe las acciones estatales en este proceso, y un deslinde de responsabilidades respecto a William Herrera López y una nueva generación de sobrinos Herrera, sobre quienes aseguró no tener vínculos en relación con los bienes que él reporta.
Una fortuna construida en cinco países
El listado entregado por Herrera Buitrago revela que el poderío económico del clan no se limitó al territorio colombiano, sino que se extendió a Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador, lo que complejiza aún más la tarea de los fiscales para verificar el origen de cada propiedad, identificar a sus titulares actuales y determinar su situación jurídica en el exterior. La recuperación efectiva de la mayoría de esos bienes sigue siendo incierta y dependerá de procesos judiciales que pueden prolongarse durante años, pues cada activo exige una investigación individual para demostrar su procedencia ilícita y desvirtuar las aparentes compras legítimas realizadas a través de los testaferros. Los sectores económicos en los que el clan movió sus capitales fueron variados y sofisticados: el inmobiliario, el constructor, el financiero, el hotelero, el aeronáutico, el avícola, el porcícola, el cambiario y el de juegos de suerte y azar, lo que demuestra una estrategia de diversificación pensada para camuflar el origen de los dineros.
La posesión de esas propiedades y el control de las empresas que las administraban, según relató el propio Herrera Buitrago en su comunicación con el Gobierno, habría generado una disputa violenta entre grupos delincuenciales que buscan apoderarse de ese legado patrimonial. Este factor añade un elemento de urgencia a la decisión de la Fiscalía de imponer las medidas cautelares sobre los primeros 42 bienes, pues mientras se adelantan las pesquisas, el riesgo de que los activos sean destruidos, transferidos o utilizados para financiar nuevas estructuras criminales es alto. La petición del expolicía de que los bienes sirvan para la reconstrucción tras el sismo del año pasado ha abierto un debate sobre el uso social de los activos incautados, un mecanismo que ya tiene antecedentes en Colombia con la extinción de dominio aplicada a organizaciones del narcotráfico, pero que nunca se ha ejecutado en una escala tan ambiciosa como la que se vislumbra con las 1.000 propiedades mencionadas.
“Expresar su disposición a colaborar y contribuir a la reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”
Fragmento de la carta de Ramiro Herrera Buitrago al presidente Abelardo de la Espriella
Mientras la Fiscalía avanza en la verificación del listado y en la depuración de los registros históricos que permitan trazar el rastro de cada uno de los bienes señalados, la incógnita principal gira en torno a la legalidad de la información entregada y a la capacidad del Estado colombiano para perseguir activos en el extranjero a través de mecanismos de cooperación judicial internacional. La decisión de la Fiscalía de imponer las primeras medidas cautelares sobre los 42 bienes constituye un paso significativo, pero apenas representa la punta del iceberg de un patrimonio que, de confirmarse las cifras de Herrera Buitrago, convertiría este caso en uno de los más grandes procesos de recuperación de activos ilícitos en la historia reciente del país, con un impacto directo en la reparación social de las víctimas de la violencia y de las comunidades damnificadas por la emergencia sísmica que aún esperan respuestas concretas del Estado.
