En una actuación que marca un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en la contratación estatal, la Fiscalía General de la Nación, a través de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realizó la tarde del jueves 15 de octubre de 2026 una inspección judicial en la sede de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (Dnbc) en Bogotá. El operativo busca recopilar evidencia sobre presuntas irregularidades en cuatro contratos suscritos bajo la figura de urgencia manifiesta por un valor total de 62.256 millones de pesos, destinados a la compra de equipos para los organismos de socorro durante la emergencia invernal desatada por un frente frío que afectó a ocho departamentos en febrero de ese mismo año.
Los contratos, que inicialmente sumaban 41.992 millones de pesos y fueron incrementados con adiciones hasta alcanzar los 62.256 millones, tienen como contratistas a las empresas Multisolutions America S.A.S., Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., Representaciones Fonina S.A.S. y Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S. De este total, según la auditoría forense realizada por el Ministerio del Interior, se pagaron 54.966 millones de pesos a los proveedores. El contrato de mayor cuantía fue suscrito el 30 de marzo de 2026 con Multisolutions America S.A.S. por 25.698 millones de pesos, seguido por Makei Soluciones y Asesorías S.A.S. con 24.063 millones, Representaciones Fonina S.A.S. con 3.940 millones y Representaciones Químicas de Colombia RQC S.A.S. con 1.263 millones. La investigación cuestiona que, pese a que las inundaciones fueron la principal consecuencia del frente frío, la mayor parte de los recursos se concentró en equipos para incendios, y que algunos contratos habrían sido firmados después del periodo de 30 días de la declaratoria de emergencia hecha por el gobierno de Gustavo Petro, lo que impedía la contratación directa sin licitación pública.
Auditoría forense revela inconsistencias en la entrega de suministros
El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, explicó que las irregularidades fueron detectadas tras una auditoría forense ordenada por su despacho, la cual evidenció que un funcionario de la Dirección Nacional de Bomberos acreditaba haber recibido cascos y materiales, pero al mismo tiempo dejaba constancia de que los mismos elementos permanecían en la bodega del vendedor. Según el funcionario, los soportes de supervisión y los registros de recepción presentan serias inconsistencias que apuntan a un posible desvío de recursos. Lara Restrepo fue contundente al referirse a la denuncia en su cuenta de la red social X:
«Esta denuncia está soportada en una auditoría forense extremadamente precisa. El equipo de auditoría forense del Ministerio del Interior es, sin lugar a dudas, uno de los mejores del país. Puedo afirmar que a los órganos de control les estamos entregando el trabajo hecho. Con pruebas en mano. Necesitamos resultados y que nos digan a qué manos llegó ese dinero robado».
Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior
Por su parte, Ángela Infante, gerente y representante legal de Makei Soluciones y Asesorías S.A.S., rechazó las acusaciones y aseguró que su empresa cumplió con las entregas. En declaraciones a los medios, Infante afirmó que la compañía distribuyó elementos entre cuerpos de bomberos al final del gobierno anterior y que los contratos cuentan con supervisión internacional. «No es cierto que no se hayan entregado los kits para los bomberos», sostuvo la empresaria, quien también explicó el procedimiento interno: «Tenemos firmados contratos internacionales, que están siendo vigilados. Hacemos el contrato, reviso el inventario que tenemos tanto en Zona Franca como en las bodegas y lo aceptamos».
La inspección del CTI se suma al traslado de la documentación que el Ministerio del Interior remitió el 10 de octubre de 2026 a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Entre los hallazgos que más llaman la atención de los investigadores figura que las facturas de mayor cuantía se emitieron el 22 de junio de 2026, apenas un día después de la segunda vuelta presidencial, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo de los plazos contractuales. Aunque se asignaron 313,6 millones de pesos para atender inundaciones, el grueso del gasto se orientó a equipos contra incendios, una decisión que ahora es objeto de escrutinio.
La Fiscalía continuará con la recolección de elementos materiales probatorios para determinar las responsabilidades penales que correspondan. Mientras tanto, el ministro Lara Restrepo insiste en que la auditoría forense entregada a los órganos de control es concluyente: «Les estamos entregando el trabajo hecho, con pruebas en mano», sentenció. La investigación sigue su curso en medio de la expectativa de la opinión pública por conocer el destino de los más de 54.966 millones de pesos que ya fueron pagados a las contratistas.
