En un giro histórico que sacude el panorama político colombiano, la Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y lo citará a indagatoria por su presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia. La decisión, confirmada el jueves 18 de junio de 2026 por la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía Cubillos, se produce apenas tres días antes de la segunda vuelta presidencial entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, y marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1996 y 1998.
La investigación, que se originó tras la condena al hermano del exmandatario, Santiago Uribe Vélez, el pasado 4 de junio, retoma una línea que había sido cerrada en el año 2000 y reabierta en 2013. Ahora, la Fiscalía conecta los hechos con nuevos testimonios y pruebas que apuntan a un presunto nexo entre Uribe y el grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que habría operado desde la Hacienda Las Guacharacas. Los delitos imputados son concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, en relación con las masacres de La Granja y El Aro, en el municipio de Ituango, y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998.
Las masacres que marcaron la acusación
Los hechos investigados, que habrían tenido lugar mientras Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, incluyen la masacre de La Granja, donde cinco personas fueron asesinadas en 1996, y la de El Aro, en 1997, que dejó un saldo de 16 muertos y 17 personas secuestradas. La Fiscalía sostiene que estas acciones no fueron hechos aislados, sino parte de una estrategia coordinada que el entonces gobernador habría facilitado y promovido. En la resolución, la fiscal Abadía Cubillos señala que «presuntamente, existió un nexo entre el entonces Gobernador Álvaro Uribe Vélez y el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro».
«Al parecer el aquí investigado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización»
Fiscal Gloria Marcela Abadía Cubillos
La conexión es más profunda. La Fiscalía indica que «se puede inferir que Uribe Vélez hizo parte de un acuerdo para promover la conformación de un grupo armado ilegal». Además, sobre el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo, se afirma que «el aquí procesado, por intermedio de su Secretario de Gobierno, pudo haber determinado a Carlos Castaño para que se ejecutara este homicidio». Estos señalamientos, que se basan en una investigación previa abierta el 16 de mayo de 2000 y cerrada el 28 de diciembre del mismo año, han sido reabiertos después de que la Corte Suprema declarara estos crímenes como de lesa humanidad el 30 de mayo de 2018, lo que los hace imprescriptibles.
La Fiscalía ha ordenado la declaración jurada del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y del exsenador Miguel Ángel de la Espriella, además de solicitar las declaraciones de alias El Rosco y de otras personas vinculadas a los hechos. La indagatoria, cuya fecha será programada, representa un paso crucial en un caso que ha estado en el centro del debate político colombiano durante años. Santiago Uribe, hermano del expresidente, ya fue condenado por su vinculación con la conformación del grupo paramilitar ‘Los doce apóstoles’, y esta nueva arista judicial apunta directamente a quien fuera la máxima autoridad departamental durante los trágicos sucesos en Antioquia.
