La Fiscalía General de la Nación judicializó a 17 personas, entre ellas cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por su presunta participación en una red de extorsiones que operaba desde el interior del establecimiento penitenciario El Barne, ubicado en el municipio de Cómbita, Boyacá. Los hechos investigados ocurrieron entre enero y diciembre de 2025, cuando los funcionarios de custodia habrían omitido sus funciones para permitir el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos ilegales a la cárcel. Los dragoneantes señalados son Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez.
Según la investigación, la red delincuencial recolectaba información detallada de las víctimas, como su actividad económica, lugar de residencia y datos familiares, para luego realizar llamadas extorsivas desde el interior del penal. Durante esas comunicaciones, los internos se identificaban como miembros de estructuras armadas organizadas y exigían giros y consignaciones bajo amenazas de muerte y de afectaciones a su patrimonio. Las víctimas eran ciudadanos de distintas ciudades del país, lo que evidencia el alcance nacional de la organización.
Las capturas de los 17 implicados se realizaron en diligencias coordinadas con la Policía Nacional en Bogotá y en municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá. La Fiscalía puso en evidencia a un grupo conformado tanto por personas externas al penal como por funcionarios del Inpec, quienes facilitaban el actuar delictivo de los reclusos.
“Detrás de los muros del establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita (Boyacá), se habría conformado una red delincuencial dedicada a contactar vía telefónica y extorsionar a ciudadanos de diferentes ciudades del país, en medio de amenazas de muerte y de afectaciones a su patrimonio”, señaló la Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía General de la Nación
Un fiscal del Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a las 17 personas el delito de extorsión, cargo que ninguno aceptó. Por disposición del juez de control de garantías, el dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento intramural, mientras que los demás involucrados seguirán vinculados a la investigación en libertad condicionada.
“A las 17 personas un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de extorsión, cargo que no fue aceptado. Por disposición del juez de control de garantías, el dragoneante Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento intramural. Los demás seguirán vinculados a la investigación”, informó la Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía General de la Nación
La investigación continúa en curso para determinar el alcance total de la red y posibles nuevas vinculaciones. Mientras tanto, Forero Gómez permanece privado de la libertad, en tanto que los otros cuatro dragoneantes y los doce civiles procesados deberán comparecer ante la justicia para responder por los hechos que se les atribuyen.
