En un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), fueron judicializadas ocho personas como presuntas integrantes de una red transnacional de contrabando y lavado de activos que habría movilizado 71.500 millones de pesos entre China y Colombia. Seis de los detenidos son ciudadanos chinos, mientras que los dos restantes son colombianos, cuyos nombres no han sido revelados por las autoridades. La captura e imputación de cargos se realizó en el marco de la Operación San Marcos y todos los procesados negaron su responsabilidad durante las audiencias preliminares.
Según la investigación liderada por la Fiscalía especializada para el contrabando, la organización criminal utilizó siete sociedades comerciales como fachada para importar productos de manera irregular y lavar dinero. La mercancía ingresó por el puerto de Buenaventura, con destino final en Bogotá, y se calcula que las importaciones ilegales ascienden a 9.100 millones de pesos. Las autoridades lograron documentar la ruta del contrabando y los movimientos financieros gracias a la coordinación interinstitucional, que permitió rastrear las operaciones desde China hasta las bodegas en la capital del país.
Golpe al contrabando transnacional
El caso es considerado uno de los golpes más importantes contra el contrabando en los últimos años en Colombia, no solo por el monto involucrado, sino por la complejidad de la estructura criminal que operaba a nivel transnacional. A los ocho detenidos se les imputaron los delitos de facilitación de contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. La Fiscalía deberá ahora presentar y sustentar las pruebas en la etapa de juicio para lograr sentencias condenatorias, mientras los procesados permanecen bajo medidas de aseguramiento.
El operativo, que incluyó allanamientos en varias ciudades, reveló cómo las siete empresas fachada simulaban operaciones comerciales legítimas para justificar el ingreso de mercancía y el flujo de dinero. Las autoridades señalaron que el lavado de activos alcanzó los 71.500 millones de pesos, recursos que habrían sido blanqueados a través de transferencias internacionales y compras simuladas. Este caso sienta un precedente en la lucha contra el contrabando y el lavado de activos en el país, en especial por el vínculo con redes asiáticas que operan en territorio colombiano.
