La Fiscalía General de la Nación ha intensificado en los últimos meses sus esfuerzos para incautar la isla Punta la Isleta, ubicada en Barú, Cartagena, Colombia, propiedad de la familia Ochoa Vásquez, debido a presuntos vínculos con dineros provenientes del narcotráfico. Este proceso de recuperación de activos y extinción de dominio busca arrebatar el control de este terreno a sus actuales dueños, quienes defienden legalmente su posesión alegando una adquisición legítima respaldada por documentos.
La isla, situada en un enclave turístico estratégico de la región, representa un bien raíz de alto valor que la familia Ochoa Vásquez ha mantenido por décadas. La Fiscalía argumenta que existen indicios suficientes de que los recursos utilizados para su compra provienen de actividades ilícitas, mientras que la familia presenta pruebas que demuestran la legitimidad de la transacción original.
Raíces en el Cartel de Medellín
La familia Ochoa Vásquez saltó a la notoriedad en los años 80 como aliada clave del Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, período en el que acumularon una inmensa fortuna invertida en propiedades y bienes raíces por todo el país. Este contexto histórico ha sido el detonante para las acciones actuales de la Fiscalía, que en los últimos años ha redoblado sus operaciones para recuperar activos vinculados al crimen organizado, como parte de una estrategia más amplia de justicia transicional.
El caso de Punta la Isleta enciende un debate nacional sobre la legitimidad de propiedades adquiridas en épocas de violencia narco, el rol de la justicia en la reparación a víctimas y los límites entre bienes legítimos y aquellos manchados por el origen ilícito. Mientras la Fiscalía avanza con su solicitud de incautación, la familia Ochoa Vásquez se prepara para una batalla legal que podría prolongarse, destacando las tensiones entre el pasado criminal y los reclamos actuales de propiedad privada en Colombia.
