La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento contra Carlos Martín Uribe Forero, contratista señalado de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato 012, suscrito el 31 de diciembre de 2024 por un valor de 32 millones de dólares, para el mantenimiento y suministro de repuestos de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. El ente investigador sostiene que Uribe Forero se concertó con el entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, con el fin de favorecer a la empresa estadounidense Vertol Systems Company, a pesar de que no reunía las condiciones de idoneidad, experiencia ni capacidad técnica y financiera exigidas.
La investigación vincula a seis personas en total: además de Uribe Forero y Suárez Soto, figuran Hugo Alejandro Mora, exsecretario general; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa; el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, excomandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional; y Diego Manrique, quien se acogió a un principio de oportunidad como testigo. La Fiscalía busca establecer si los requisitos técnicos y financieros fueron evaluados adecuadamente durante el proceso de selección del proveedor, y atribuye relevancia a las actuaciones de cada uno de los involucrados en las distintas fases contractuales.
Próximas diligencias judiciales
La solicitud de medida de aseguramiento contra Uribe Forero fue tramitada en audiencias judiciales cuya fecha exacta no fue precisada. En tanto, la audiencia para definir la medida contra el exviceministro Suárez Soto fue aplazada el pasado viernes 4 de septiembre. La próxima actuación clave en el proceso será el llamado a juicio, programado para el 23 de septiembre de 2026 a las 10:30 de la mañana. Como parte de la estrategia probatoria, la Fiscalía gestiona que Diego Manrique rinda una prueba anticipada para preservar su declaración antes del juicio, aprovechando su condición de testigo con principio de oportunidad.
La medida de aseguramiento solicitada no implica una condena, pues su decisión queda en manos de un juez que evaluará los elementos presentados. La defensa del contratista y de los demás vinculados podrá controvertir las pruebas durante el desarrollo del proceso. El caso ha puesto en el centro del debate la transparencia en la contratación de mantenimiento de aeronaves militares, cruciales para las operaciones del Ejército en territorio colombiano.
