La Fiscalía General de la Nación solicitó el pasado 9 de febrero imputar cargos a Juliana Guerrero, actual viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, y a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación Universitaria San José, por presunta expedición irregular de títulos académicos que involucra delitos como fraude procesal y falsedad ideológica en documento público. La petición incluye una audiencia para evaluar medidas de aseguramiento con detención domiciliaria, en el marco de una investigación centrada en la Fundación Universitaria San José, ubicada en Colombia.
La pesquisa ha involucrado inspecciones judiciales, así como la revisión exhaustiva de registros en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público y ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), donde se encontraron pruebas materiales de falsificación de trámites y pagos irregulares. Según las autoridades, Juliana Guerrero obtuvo títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable sin cumplir los requisitos legales, como asistir a clases o presentar las pruebas Saber, documentos que luego utilizó para acceder a su cargo público.
Escalada de irregularidades en la institución educativa
Uno de los hallazgos más alarmantes es un aumento del 2.051% en la expedición de tarjetas profesionales para contadores públicos emitidas por la Fundación Universitaria San José, lo que ha generado profunda preocupación en el sector educativo colombiano por las posibles irregularidades sistemáticas en la entrega de títulos. Los delitos imputados incluyen falsedad material en documento público y fraude procesal, este último calificado como de mera conducta de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con penas que podrían oscilar entre 6 y 12 años de prisión.
La solicitud de la audiencia fue presentada por la delegada de Seguridad Territorial de la Fiscalía, quien continúa recopilando información adicional para fortalecer el caso. Este escándalo pone en evidencia vulnerabilidades en la validación de credenciales académicas y resalta la necesidad de mayor control en las instituciones de educación superior del país.
