La Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín declarar como grupo delictivo organizado a un conjunto de exfuncionarios públicos, entre ellos Juan David Palacio, quien fue director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva); Elkin González, subdirector de Bomberos de Itagüí; María Yaneth Rúa, profesional universitaria del Amva; y Misael Cadavid, director del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Itagüí, además de tres ciudadanos ya vinculados al proceso. Esta petición se presentó el lunes 26 de enero de 2026, durante una audiencia de imputación de cargos, por irregularidades en seis contratos del Amva que superan los 17 mil millones de pesos, adjudicados durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle entre 2020 y 2023, relacionados con peculado por apropiación y otros delitos contra la administración pública.
Según la Fiscalía, los implicados aprovecharon sus posiciones para adjudicar contratos directos con sobrecostos evidentes y sin cumplir los requisitos legales de planeación, transparencia, economía y selección objetiva, destinando recursos públicos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí y a campañas políticas, como la de Misael Cadavid. Estos contratos incluían capacitaciones para bomberos en diez municipios del Amva, entrega de kits contra el Covid-19 y proyectos de reducción de riesgos en comunidades, pero presentaban bienes no ejecutados y montos incrementados artificialmente. En particular, se destaca un contrato por 5.069 millones de pesos para reducción de riesgos con una vigencia de 13 meses y 15 días desde el 6 de noviembre de 2021, mientras que el peculado por apropiación asciende a 2.481 millones destinados al cuerpo de bomberos mencionado.
Argumentos de la Fiscalía para calificarlos como grupo delictivo
El fiscal encargado del caso argumentó la existencia de un grupo estructurado de más de tres personas con continuidad desde junio de 2020 hasta julio de 2023, dedicado de manera reiterada a delitos contra la administración pública. Además, se evidenció que Juan David Palacio instruyó el formateo de equipos de cómputo al final de su gestión para eliminar trazabilidad, y que el actuar del grupo facilitó la apropiación de recursos públicos por terceros.
«Concurren los presupuestos exigidos por la normatividad; en primer lugar, se acredita la existencia de un grupo estructurado por más de tres personas, toda vez que actualmente se encuentran vinculados tres ciudadanos, más estos cuatro que pretendemos vincular el día de hoy».
Fiscal encargado del caso
«En segundo lugar, se ha verificado que dicho grupo ha mantenido continuidad en el tiempo, es decir, desde el inicio de los contratos que corresponde a junio del año 2020 hasta julio del año 2023».
Fiscal encargado del caso
«Se ha establecido que su actuar se ha dirigido de manera concreta y reiterada en la comisión de diversos delitos contra la administración pública».
Fiscal encargado del caso
Esta calificación implica tratar la investigación como acciones coordinadas y sostenidas, en lugar de conductas independientes. Misael Cadavid se encuentra privado de la libertad, mientras que el exalcalde Daniel Quintero niega cualquier cargo en su contra y alega que se trata de una persecución política.
