La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Económico, abrió proceso penal contra la concesionaria Autos Italianos de Colombia S.A. y sus socios Jorge Enrique Carvajales Orozco, Sergio de la Vega, Erik Stolberg –este último de nacionalidad mexicana–, así como contra el nuevo adquirente Alfonso Salume, la empresa Autos de Alta Gama Holdings y el exgerente general Henry Ávila Herrera. La investigación, que se adelanta por los delitos de estafa, hurto, abuso de confianza, administración desleal y concierto para delinquir, surgió a partir de las denuncias presentadas entre 2025 y 2026 por compradores de vehículos Ferrari que pagaron anticipos totales o parciales, pero nunca recibieron los automóviles ni el reembolso de su dinero. Los autos de alta gama permanecen retenidos en una bodega de la zona franca de Panamá, sin posibilidad de ser nacionalizados en Colombia ni en ningún otro país, según la acusación que reposa en el expediente fiscal.
El concesionario, ubicado en la calle 103 con carrera 19 en el norte de Bogotá, perdió su representación oficial después de que Ferrari Norteamérica cancelara la licencia de importación al constatar que la concesionaria había sido vendida sin autorización a Autos de Alta Gama Holdings. La transferencia del control accionario ocurrió en mayo de 2026, y el 2 de julio de ese mismo año la nueva administración emitió un comunicado en el que advirtió que no asumiría responsabilidad por los recursos captados antes del 25 de mayo de 2026. Los socios originales, en cambio, sostienen que vendieron la concesión por una deuda y que responderán por los pagos recibidos, al tiempo que niegan cualquier conducta irregular.
Los montos millonarios y los casos concretos
Las cifras que maneja la Fiscalía son contundentes. Los clientes afectados desembolsaron sumas que alcanzan los 2.200 millones de pesos cada uno. En uno de los casos documentados, un comprador pagó 560.000 dólares –equivalentes a aproximadamente 2.271 millones de pesos– por un Ferrari 296 GTS HB modelo 2024, de los cuales 479.000 dólares correspondían al valor neto del vehículo y 80.000 dólares a impuestos y nacionalización. Aunque el saldo de 72.000 dólares (unos 285 millones de pesos) quedó bajo custodia, la orden de devolución de 72.655 dólares fue bloqueada “de manera arbitraria y unilateral por el señor Erik Stolberg, en su calidad de Director Financiero (CFO) de la compañía, impidiendo el retorno de los recursos a su legítimo dueño”, según denunciaron los afectados. En otro caso, un Ferrari Roma Spider F169SP cotizado en 410.000 dólares –aproximadamente 1.310 millones de pesos– fue pagado por el comprador mediante una transferencia de 484 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya concretado la entrega ni la devolución del dinero.
“También deberá establecerse el destino específico de los recursos entregados por la víctima, mediante trazabilidad bancaria y contable, pues precisamente allí podrá determinarse si fueron efectivamente destinados a la adquisición del vehículo o si fueron desviados a finalidades distintas”
Denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación
La investigación busca esclarecer el destino de los millonarios desembolsos y determinar si los socios de la concesionaria organizaron la retención del dinero como parte de una estrategia para presionar una demanda civil contra Ferrari Norteamérica. Los denunciantes planean presentar declaraciones y pruebas adicionales para sustentar esta hipótesis, mientras que la Fiscalía avanza con la trazabilidad bancaria y contable de cada transacción. Mientras tanto, los vehículos de alta gama continúan “secuestrados” en la zona franca panameña, a la espera de que las autoridades judiciales determinen responsabilidades y posibles soluciones para las víctimas de este caso que ha sacudido al exclusivo mercado de lujo en Colombia.
