La Fiscalía General de la Nación habría modificado los delitos imputables a Laura Sarabia, exjefa de gabinete, exdirectora del Dapre y exembajadora de Colombia en Reino Unido, en el marco de la investigación por las pruebas de polígrafo y seguimientos ilegales contra Marelbys Meza, niñera de la funcionaria. Según denuncias de investigadores y representantes de víctimas, la entidad habría cambiado los cargos de empleo ilegal de la fuerza pública y peculado por uso a figuras de menor gravedad como abuso de función pública y hostigamiento ilegal. El caso se originó tras la desaparición de un maletín con una gruesa suma de dinero en la vivienda de Sarabia, tras lo cual se habría utilizado personal y bienes del Estado para practicar un polígrafo arbitrario a la empleada doméstica y llevar a cabo seguimientos ilegales.
Más de tres años de investigación han transcurrido sin una decisión de fondo, y los documentos internos revelados por la revista Semana indican que los investigadores sustentaron durante meses cargos por delitos graves. Sin embargo, la Fiscalía adoptó una línea distinta y reclasificó las acusaciones. El cambio en el expediente coincidió con el nombramiento de Sarabia como embajadora de Colombia en el Reino Unido, y fuentes no identificadas afirman que la imputación inicial estaba lista desde hacía meses, pero «lo frenaron», y que la fiscal general conocía los informes internos. Además, se produjo un cambio de fiscal y el traslado del caso a delegados ante la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá.
Denuncias sobre el cambio de delitos
El abogado Wilson Pulido, representante de la víctima Marelbys Meza, manifestó su preocupación ante la reclasificación de los delitos. Pulido señaló que se está dejando por fuera el delito más grave de peculado, que según la representación de víctimas probablemente se cometió. El abogado también denunció que la Fiscalía no ha tenido contacto con ellos, ni llamadas ni acercamientos por parte de la delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Pulido también afirmó que la fiscal que llevaba el caso en Bogotá fue retirada y trasladada a otro departamento, y que el nuevo fiscal tampoco se comunicó con las víctimas, lo que ha generado un riesgo de prescripción del caso si no avanza a juicio.
«Se está dejando por fuera el delito más grave: peculado. Es claro para la representación de víctimas que este delito probablemente se cometió. Queremos que la Fiscalía haga contacto con la representación de víctimas. Hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna llamada o acercamiento por parte de la Fiscalía y menos por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia.»
Wilson Pulido, abogado representante de víctimas
Los documentos internos de la investigación, citados por Semana, describen que el actuar de Sarabia no se limitó al ejercicio legítimo de la justicia, sino que, yendo más allá de lo permitido, empleó a miembros de la Policía de su jefatura para actividades diferentes a la protección de altos dignatarios del Estado. Se detalla que Sarabia se valió de la línea de mando del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago para adelantar actividades en procura de un interés particular y personal. Un oficial de la Policía, que firmó un principio de oportunidad aprobado por un juez, declaró que en una llamada telefónica con el coronel Feria, Sarabia le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio. El mismo oficial precisó que el coronel Feria era el encargado de la designación del esquema de seguridad de Sarabia y también jefe de la teniente Sandy.
Los investigadores también señalan que el coronel Feria permitió el uso indebido de bienes del Estado, concretamente los equipos de poligrafía, para la práctica de un examen a Marelbys Meza, quien no reunía las condiciones legal ni reglamentariamente exigidas para la aplicación de dicha prueba con los recursos de esa dependencia. Esta situación, sumada al cambio de delitos en la imputación, ha sido calificada como un intento de minimizar la gravedad de los hechos y de presionar para un cierre del caso sin consecuencias penales significativas para la exfuncionaria. La comunidad judicial y los medios de comunicación siguen de cerca el desarrollo de esta investigación, que involucra a figuras de alto nivel del gobierno y que pone en duda la independencia y la efectividad de la Fiscalía en la búsqueda de justicia.
